El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y la ex alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda, interpusieron este martes en los juzgados de Parla una demanda por los presuntos delitos de cohecho, soborno, corrupción y tráfico de influencias contra los portavoces de los tres partidos que respaldaron la moción de censura en Pinto el 22 de diciembre: PSOE, IU y Juntos por Pinto.
Granados instó, a la salida del juzgado, a la Fiscalía Anticorrupción a que "actúe de inmediato" para depurar responsabilidades y determinar los motivos que llevaron al concejal independiente Reyes Maestre -de Juntos por Pinto- a respaldar el proyecto urbanístico del Espacio del Motor, al que se oponía al inicio de legislatura.
El motivo de la denuncia son "las vinculaciones surgidas" entre los firmantes del veto y los empresarios del Espacio del Motor. Los populares critican que, días antes de la moción, se supo que el edil había vendido su piso en la localidad a una empresa presuntamente vinculada a estos promotores urbanísticos, operación que le permitió amortizar íntegramente la hipoteca de esa vivienda y parte de la del chalé en el que reside, en Illescas (Toledo).
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Maestre y su socio de Gobierno y actual alcalde, el socialista Juan José Martín, indicaron que la operación fue totalmente legal.
