La Plataforma por un Centro para la Paz y la Memoria en la antigua cárcel de Carabanchel denunció que el Gobierno inició de madrugada, "con nocturnidad", el derribo de la vieja prisión. Los vecinos aseguran que las tareas de derribo han comenzado por sorpresa.
"A la una de la madrugada de este martes 21 de octubre, el Gobierno ha comenzado el derribo de la antigua cárcel de Carabanchel. Este comienzo, nocturno, como todas las actividades que se quieren ocultar, es una falta de respeto a los representantes sociales que demandan un centro por la memoria, a la comunidad artística y a los otros poderes del estado de derecho".
Pedro Casas y Jesús Claudio, que son líderes de asociaciones vecinales, explicaron -citados por Efe- que tres grandes grúas trabajan ya en el derribo de muros de lo que fue el recinto carcelario durante el franquismo, abandonado desde hace años. Vecinos y ex presos tienen previsto concentrarse esta tarde frente a la cárcel para protestar por este comienzo "vergonzante" del derribo, "con nocturnidad y sin esperar a que se pronuncien todos los poderes públicos".
Fuentes de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), empresa gubernamental que se encarga de la demolición de la antigua prisión, explicaron a ADN.es que "los trabajos no han comenzado" aunque lo harán en breve ya que "las máquinas están ya" en la zona.
Un hospital y 650 pisos
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, firmaron en junio -tras diez años de negociaciones entre ambas administraciones- el protocolo que contempla el derribo de la antigua cárcel en octubre para construir, en los 170.000 metros cuadrados que ha ocupado durante más de 60 años, un hospital, 650 viviendas -el 30% de ellas de protección- y varios equipamientos públicos.
El acuerdo, por el que Interior cede 40.000 metros cuadrados de los terrenos al Ayuntamiento, recoge la reivindicación vecinal de construir un hospital para los distritos de Carabanchel y Latina. El Consistorio otorgó la licencia de derribo del inmueble el pasado 3 de octubre.
La cárcel está vallada desde el viernes y agentes de seguridad privada y de la Policía Nacional impidieron el domingo a unos 200 vecinos -entre ellos represaliados y republicanos- visitar el inmueble. La iniciativa, convocada por la Plataforma por un Centro por la Paz y la Memoria se venía repitiendo desde septiembre para dar a conocer el valor histórico del centro, símbolo de la represión franquista.
Investigación sobre el franquismo
La Plataforma recuerda que el Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó informes sobre la cárcel en el contexto de su investigación de los crímenes del régimen franquista, que podrían conllevar la paralización del derribo.
El Congreso de los Diputados debía votar este mismo martes una proposición no de ley sobre la creación de un centro para la memoria y la paz en la antigua cárcel a iniciativa del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds. La proposición no salió adelante después de que el diputado de IU Gaspar Llamazares rechazara las enmiendas de PSOE y Grupo Mixto, al considerar que con ellas "se resignan a la demolición".
Llamazares criticó el supuesto inicio de la demolición del antiguo penal y lo consideró "una burla al Parlamento y al juez Garzón". El socialista Juan Barranco rechazó la postura de Llamazares y aseguró que a su Grupo no le constaba que se hubiese iniciado el proceso de demolición.
La Plataforma, que reúne a vecinos del barrio de Carabanchel, intelectuales y otros grupos sociales, asegura que la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se comprometió el pasado miércoles a estudiar el asunto y dar una contestación definitiva en una semana -el 22 de octubre-.
Tipología singular
La organización considera "muy grave la actitud del Gobierno, por no esperar las decisiones de las otras instancias del Estado". El colectivo recuerda que el Defensor del Pueblo pidió a Interior la creación de un centro por la Memoria de los que allí padecieron la represión de la dictadura.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid también solicitó el mantenimiento de todo o parte de la cárcel por sus valores arquitectónicos e históricos. El COAM lamentó el pasado viernes que el edificio "no fuera incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos, ya que supone una tipología arquitectónica singular en España".
