Las fauces de un rottweiler se cruzaron en el camino de los cerca de 200 vecinos que acudían ayer a visitar la antigua cárcel de Carabanchel, vallada desde el viernes. Cuatro agentes de seguridad privada, cada uno con un perro, se plantaron amenazantes frente a los visitantes impidiendo el paso. Mientras, las familias rumanas que viven en la cárcel miraban al grupo sin ser molestados.

Una patrulla de Policía Nacional refrendó la actuación de la seguridad privada, abortando la iniciativa, convocada por la plataforma por un Centro por la Paz y la Memoria en la antigua cárcel de Carabanchel. No había ocurrido en ninguna de las otras cinco visitas al centro, símbolo de la represión franquista, que han efectuado los vecinos -entre ellos represaliados y republicanos- desde el mes de septiembre para dar a conocer su valor histórico.

El 3 de octubre, el Ayuntamiento otorgó la licencia de derribo del inmueble. Según el protocolo suscrito por el Ministerio del Interior y el Consistorio en junio, está previsto construir en sus 172.000 metros cuadrados un hospital, 650 viviendas -el 30 % de protección oficial- y equipamientos y sedes ministeriales.

La Plataforma lucha por que alguna de las galerías y la cúpula -la segunda más grande de la capital, sólo superada por la de la iglesia de San Francisco el Grande- se salven del derribo para alojar entre sus muros, levantados en 1940 por 1.000 presos republicanos, un centro para la Memoria Histórica. Ambos elementos han sido declarados por el Colegio Oficial de Arquitectos "de tipología singular en España" y abogan por su conservación.

El juez Baltasar Garzón también ha solicitado la suspensión cautelar de su demolición, dentro del procedimiento abierto para investigar los crímenes franquistas.

Visitas "alegales"

Los recorridos habían sido hasta ahora "alegales, ni con permiso ni sin él, cada cual bajo su responsabilidad", explica Antonio Castillo, portavoz de los vecinos y erudito en todo que tenga que ver con el penal. Los policías indicaron que la visita no podía realizarse por no contar con la autorización de la Delegación de Gobierno.

Los vecinos abandonaron el recinto pacíficamente, contemplando con estupor cómo las alrededor de 150 personas que habitan en su interior no encontraban tantas trabas para franquear las puertas de la penitenciaría. Su desalojo, previsto para el pasado sábado, no se había producido ayer.

EL APUNTE

El Defensor del Pueblo a favor de los vecinos

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, envió la semana pasada una carta al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que "apoya y hace propia" la petición de conservar parte de la cárcel como centro para la Memoria.