El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha cifrado en más de 206 millones de euros el perjuicio económico derivado de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 por la que la decisión de instalar parquímetros fuera del límite de la M-30 es declarada "nula por no ser conforme a derecho".

En la sentencia, con  fecha de 23 de septiembre y que será recurrida por el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, la titular del Juzgado número 26 de Madrid establece que el acto de instalación de los parquímetros es nula, es decir, que jurídicamente "nunca estuvieron en marcha".

La decisión deriva en consecuencias con las contrataciones hechas con las empresas adjudicatarias del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y con lo pagado por los madrileños por aparcar en estas zonas, según explicó el portavoz socialista, David Lucas.

El Consistorio recurrirá la sentencia ya que considera que el delegado de Movilidad y Seguridad, Pedro Calvo, sólo amplió, y no delimitó, la zona azul. La instalación de parquímetros en algunas zonas debe ser anulada porque se adjudicó su gestión a algunas concesionarias antes de que se hubiera redactado la pertinente Ordenanza, explica la sentencia. El Ayuntamiento considera, sin embargo, que el juzgado ha hecho un matiz interpretativo. 

Perjuicios multimillonarios

El concejal socialista de Seguridad y Movilidad, Manuel García Hierro, cifró en más de 206 millones de euros los perjuicios económicos derivados de la anulación y que afectarían a los dos últimos años. Esa cantidad es la suma de los ingresos por tickets, de los procedentes de las tarjetas de residentes, por multas y por el canon que el Ayuntamiento paga a las adjudicatarias.

Los ingresos por tickets en 2007, según datos del Ayuntamiento de Madrid facilitados por el PSOE, fueron de 30,5 millones de euros, los de las tarjetas de residentes, de siete millones -de los que 2,1 corresponden a las zonas afectadas-, mientras que por multas se ingresaron unos 125 millones, un 25% de los cuales son de las zonas ahora anuladas.

A esas cantidades habría que añadir el canon anual de las empresas adjudicatarias, lo que elevaría la cifra de ingresos sólo en las zonas ahora anuladas a 103 millones de euros. La cantidad sería en realidad el doble, al afectar la sentencia a dos años.

700.000 afectados 

La ampliación en 2006 de la zona SER ahora anulada llega a los cascos históricos de los distritos de Carabanchel, Fuencarral-El Pardo y Hortaleza y a los barrios Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Atocha, Delicias (en Arganzuela), Adelfas, Estrella (en Retiro), El Viso, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Prosperidad, Nueva España, Castilla (en el distrito de Chamartín), Bellas Vistas, Almenara, Valdeacederas y Berruguete (en Tetuán), según explicó el Grupo Socialista, que calcula en 700.000 los habitantes afectados por la decisión judicial.

El PSOE presentó, en coordinación con los colectivos antiparquímetros, un recurso que recogía gran parte de las alegaciones presentadas en su momento por el Grupo Municipal Socialista.

Según el texto, en septiembre de 2005 el Gobierno municipal dio el visto bueno a la adjudicación de zonas que no estaban delimitadas antes de tener la ordenanza que daba soporte al proyecto. En febrero de 2006, un decreto firmado por el delegado de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, establecía el marco de actuación de las concesionarias. Y todo ello sin pasar por el Pleno.

Interrogantes

La sentencia abre, según los socialistas, interrogantes como la posibilidad de que las empresas concesionarias del SER puedan reclamar un "lucro cesante" al Ayuntamiento si funalmente el contrato es declarado nulo, lo que repercutiría directamente en las arcas municipales. También podrán reclamar los vecinos que hayan pagado estos años por una tarjeta de residente en una zona ahora declarada nula.

Más difícil lo tendrán los madrileños que hayan aparcado en zona azul si no conservan los tickets: Sin ellos, previsiblemente no podrían reclamar dinero alguno.

Lucas hizo un llamamiento a la ciudadanía para que siga respetando la legalidad y pagando tanto por la zona azul como por la verde, sobre todo teniendo en cuenta que la sentencia no es firme.

Vecinos de los distritos de Carabanchel, Fuencarral y Hortaleza ya han anunciado que celebrarán la sentencia precintando parquímetros en sus barrios para pedir al Ayuntamiento que ejecute lo antes posible el fallo judicial.