Los alumnos de la Comunidad de Madrid que objeten este próximo curso a la asignatura de Educación para la Ciudadanía realizarán tareas de voluntariado en el centro escolar o trabajos relacionados con lo establecido en el currículo escolar en la región respecto a la Constitución Española o los Derechos Humanos, según ha informado la consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, que indicó que "lo primero será garantizar la adecuada atención educativa de los alumnos que no cursen la asignatura".

Al no haber todavía una sentencia firme del Tribunal Supremo sobre qué hacer con los alumnos que objeten a la asignatura, éstos harán de momento "el trabajo que determine cada centro educativo sobre asuntos que tengan que ver con el currículum de la Comunidad de Madrid", explicó Figar, que acompañó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en la inauguración este lunes de una nueva escuela infantil en el PAU de Vallecas.

Precisamente la opción de aprobar la asignatura con un trabajo ya fue rechazada por la Justicia valenciana, que anuló a finales de junio varios artículos de la orden que desarrolla la asignatura en la Comunitat. El tribunal consideró que el alumno "sólo recibe el contenido" del tema que elige y no de toda la materia, por lo que "no se alcanzan los objetivos del currículo tal y como exige la legislación básica".

Instrucciones

La Comunidad aplicará pues la doctrina de otros Tribunales Superiores de Justicia que han reconocido que Ciudadanía lesiona derechos fundamentales de las familias, como el de La Rioja. "Haremos la lectura más favorable para las familias", dijo Figar. La asignatura comenzará a impartirse este año en segundo y cuarto de la ESO.

La consejera madrileña precisó que la Comunidad se pondrá en contacto individualmente con cada familia que haya objetado y le mandará una carta con instrucciones sobre lo que deben hacer.

Los trabajos "serán sobre la Constitución española, la Democracia o los Derechos Fundamentales", indicó la consejera, que recordó que este tipo de actividades ya se están haciendo en otras comunidades como Andalucía, donde ya empezó a impartirse la asignatura el pasado curso y existían alumnos objetores.

A la espera de la sentencia 

Figar pidió el viernes al Tribunal Supremo que dicte una sentencia "lo antes posible" que reconozca o no el derecho de los alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía, y acabe "con las incertidumbres que afectan a todas las Comunidades Autónomas".

Un portavoz de la Cosejería de Educación  dijo el jueves que los alumnos objetores no tendrán que asistir a la asignatura y tampoco se les podrá calificar con un suspenso. La Administración "defenderá el derecho de los padres objetores" hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie y se unifique la doctrina al respecto, indicó la misma fuente.

La Comunidad de Madrid cumplirá, en cualquier caso,  la ley: La asignatura se impartirá en una hora semanal en segundo y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en dos horas en primero de Bachillerato de todos los centros públicos, privados y concertados de la región.