La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Coslada (al noreste de la capital) a 26 agentes de la Policía Local, entre ellos el oficial jefe, por su implicación en una presunta trama de corrupción en el transcurso de una operación que se lleva a cabo este jueves, según fuentes municipales citadas por la agencia EFE.

La Policía Nacional ha llevado a cabo varios registros durante la mañana, uno de ellos en la sede de la Policía Local de Coslada y otro en el domicilio del máximo resposable del Cuerpo, Ginés Jiménez Buendía. Tres furgones de Policía Nacional impiden el acceso de toda persona no autorizada al interior del Cuartel de la Policía Local.

Tanto Jiménez Buendía como los otros 30 agentes detenidos están acusados de un delito de extorsión en bares de copas y comercios, según fuentes policiales citadas por Europa Press. Los arrestados ejercían coacciones sobre prostitutas y los propietarios de estos locales y podrían estar vinculados al tráfico de vehículos ilegales, según fuentes del Consistorio.

Vínculos con mafias rumanas

Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid y de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) mantienen ocupado el Cuartel de Policía Local de Coslada. Fuentes policiales apuntan a que se está investigando también a personal del Ayuntamiento, en ningún caso pertenecientes al Equipo de Gobierno.

La intervención corresponde a la segunda fase de una operación que se inició con la investigación de una mafia de origen rumano relacionada con la prostitución. Estas pesquisas concluyeron que había una relación entre esa mafia y algunos policías locales de Coslada. El juez ha decidido intervenir tras varias semanas de trabajo.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por el diario El Mundo, numerosas pruebas, entre ellas grabaciones telefónicas, avalan las sospechas.

El alcalde de Coslada, el socialista Ángel Viveros, y el concejal de Urbanismo y Seguridad, Antonio Murillo, aseguraron este mediodía que no hay responsabilidades políticas en la actuación de los agentes municipales. Sobre las acusaciones a los agentes, desde el gobierno local aseguran no conocer más detalles que los que de momento ha facilitado la Jefatura Superior de Policía, dejando todo de momento en acusaciones de extorsiones a locales de ocio.

Los responsables municipales también explicaron que si no se actuó desde el Ayuntamiento fue porque no había ninguna denuncia de ningún comercio contra los agentes de Policía Local.

Juzgado por detención ilegal

Jiménez Buendía es jefe de la Policía Local de Coslada desde 1986. Fue elegido presidente de la Federación de Asociaciones de Jefes de Policía Local de España en 1994 y reelegido para este cargo en 2006. En enero de 2003, la Audiencia de Madrid le absolvió de los tres delitos de detención ilegal de los que estaba acusado, al considerar el tribunal que no se había acreditado que participara en el arresto de tres personas en marzo de 1995.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha pedido a sus servicios jurídicos que se personen en el caso. El vicepresidente regional, Ignacio González, ha exigido una "explicación urgente" de los hechos, ya que la policía local, según ha indicado, es un asunto de "responsabilidad y competencia exclusiva del alcalde".

González ha recordado que en Coslada hay "muchos policías" locales que están pagados por la Comunidad de Madrid a través del proyecto de seguridad ciudadana de las Bescam y por ello ha exigido "transparencia" a las autoridades municipales en un asunto que ha calificado de "muy grave y preocupante".

"Iban a por ti"

La dueña de unos de los bares del centro de Coslada ha explicado que Jiménez Buendía y otros agentes "presionaban" a los responsables de los locales para que no cerraran a la hora reglamentaria cuando ellos estaban tomando algo en los mismos. "Si alguno de estos policías estaba en un bar, éste no se podía cerrar hasta que se fuera, y si te enfrentabas con ellos, iban a por ti", ha afirmado.

La mujer, que ha preferido no dar su nombre, ha dicho que los dueños y trabajadores de los bares sentían "miedo" ante "la presión ejercida por algunos agentes", entre ellos su jefe.