La Comunidad de Madrid estudia una serie de medidas para simplificar procedimientos y eliminar trámites burocráticos con un anteproyecto de Ley de Modernización del Comercio en el que se daría a los comerciantes libertad sobre el horario de apertura y cierre de sus locales en días laborables y en domingos y festivos permitidos.

El texto contempla la posibilidad de que no existan limitaciones horarias para el ejercicio de la actividad comercial, establecidas actualmente en un máximo de 90 horas semanales, el cierre diario entre las doce de la noche y las siete de la mañana y un máximo de 12 horas de apertura los días festivos.

El consejero de Economía y Consumo, Fernando Merry del Val, ha explicado este viernes que los comercios madrileños podrían tener antes del próximo verano libertad de horario en virtud del anteproyecto de Ley. Del Val ha indicado que en la norma se da cabida a una serie de peticiones de los empresarios de este sector.

"Antes del verano"

Según el consejero, en diciembre de 2007 las asociaciones más representativas del comercio madrileño formularon por escrito esta petición de libertad de horarios que, una vez superado el trámite parlamentario necesario, podría convertirse en realidad "antes del verano".

El borrador, que según la Consejería de Economía y Consumo está avalado las citadas asociaciones de comerciantes, pretende fomentar la creación de empleo, reducir la inflación y generar más competencia. Las medidas que se plantea adoptar la Comunidad vienen avaladas por la liberación los horarios comerciales en la zona de Sol, que ha supuesto, en algo más de dos meses, la contratación de más de 500 personas.

El proyecto revisa además los procedimientos de obtención de permisos administrativos para la implantación de ciertos comercios. En la actualidad, la autorización para grandes establecimientos comerciales se regula dependiendo del tamaño en superficie y de la población del municipio en el que se ubicaban.

Grandes establecimientos comerciales

La nueva norma permitiría simplificar el procedimiento de autorización para los locales de menos de 2.500 metros cuadrados. Sólo los que excedan esta superficie tendrán que conseguir la conocida como segunda licencia comercial autonómica, por exigencia de la Ley básica del Estado.

Esto supondría "eliminar aquellas [autorizaciones] que merman la eficiencia empresarial y que suponen duplicidades de trámites con las licencias que otorgan las Administraciones locales, al no venir exigidas por una normativa básica estatal en materia de comercio, como es el caso de los establecimientos de descuento duro y medianos establecimientos comerciales, con superficie entre los 750 y los 2.499 metros cuadrados", según Economía.

Si el documento llega a aprobarse, tampoco sería necesaria una autorización autonómica para cambios de titularidad o para ampliación, salvo cuando esta última supere el 30% de la superficie. La Administración autonómica estaría obligada además a resolver la petición para establecer un gran centro comercial en un máximo de cuatro meses, en vez de los ocho actuales.

Venta de bebidas alcohólicas

En cuanto a la actividad ferial, el documento pretende sustituir el régimen de autorización desde la Comunidad por un régimen de comunicación que, conteniendo los principales datos de la entidad organizadora y de la feria en cuestión, servirá al Ejecutivo regional para coordinar estas actividades y promover su difusión y promoción, a través del Calendario Ferial.

El anteproyecto contempla la persecución de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, algo que quedaría garantizado mediante las preceptivas licencias municipales y con el control de las autoridades inspectoras y policiales.

Lo que sí se plantea la Comunidad es, para ser sensible a las peticiones del sector de la distribución, suprimir la exigencia de una licencia específica para la venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas, que otorgan los Ayuntamientos. Se trata de una licencia adicional sobre las municipales tradicionales, produciéndose una clara duplicidad, además de ser discriminatoria, ya que otros establecimientos, como bares y cafeterías, no tienen dicha obligación.