La Asociación Impulso Ciudadano, presidida por el diputado del Grupo Mixto José Domingo, ha presentado hoy una solicitud al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Código de Consumo de Cataluña y ha pedido al Govern que valore la posibilidad de no aplicarlo.

Tras presentar el escrito en el registro del Defensor del Pueblo, el diputado del Parlament José Domingo ha criticado, en declaraciones los medios de comunicación, que el Código de Consumo de Cataluña establezca la obligación a los empresarios de utilizar el catalán en determinados documentos e informaciones de cara al público pero no haga lo mismo con respecto al castellano.

Domingo ha recordado que el Tribunal Constitucional ha dicho que "no existe la obligación" de utilizar una determinada lengua, sea el catalán o el castellano y que "no caben las multas lingüísticas en esta materia".

En este sentido, ha precisado que el Código de Consumo "endurece el régimen sancionador" al imponer multas de 10.000 euros por faltas que se consideran leves, que incluso pueden llegar hasta el millón.

Además, Impulso Ciudadano ha pedido al Defensor del Pueblo que si decide llevar a efecto la interposición del recurso, que "el propio Tribunal Constitucional se autocuestione y valore la vigencia y constitucionalidad de la Ley de Política Lingüística del 98" actualmente en vigor.

Dicha Ley, según Domingo, ha servido para sancionar a la comerciante catalana Feliciana Piris o al empresario Xurde Lluis Rocamundi "sencillamente por poner en sus negocios letreros en castellano y no en catalán".

Tanto Piris como Rocamundi han acompañado hoy a Domingo al registro del Defensor del Pueblo para presentar la solicitud de interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Catalana del Código de Consumo.

El diputado catalán entiende que "debe haber un régimen de igualdad" porque "no puede prevalecer una lengua sobre otra" y "carece de sentido que se sancione a comerciantes que utilizan sólo el castellano y no se sancione a los que utilizan sólo el catalán, cuando en Cataluña la sociedad es bilingüe".

Tras insistir en que el Ejecutivo de José Montilla debe valorar la conveniencia de no aplicar el Código de Consumo porque "es claramente inconstitucional y es una fuente de conflictos jurídicos y de inseguridad jurídica", Domingo ha anunciado para mañana la convocatoria de una concentración ante las puertas de la Secretaría General de Política Lingüística para pedir al Govern que "reflexione sobre la aplicación que está haciendo de las leyes".