La Fundación FICAT ha denunciado hoy que la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha vulnerado el derecho a la tutela judicial de un menor subsahariano y lo ha expulsado de un centro de menores sin haber tramitado el permiso de residencia.
El abogado de esta asociación, Albert Parés, ha recordado que la Generalitat tiene la obligación de gestionar el permiso de residencia de los menores a su cargo y el joven originario de Ganha que fue expulsado del centro de menores el pasado 5 de febrero estaba tutelado por la Generalitat desde el 16 de julio de 2009.
Parés ha criticado la "inactividad" de la DGAIA que durante los ocho meses que ha tenido al menor bajo tutela no ha realizado ningún trámite para regularizar su situación.
Asimismo, el pasado mes de enero la DGAIA no informó al menor de que debía ir al juzgado para dar poderes a su abogado "impidiendo al joven que ejerciera su derecho de defensa", según Parés.
Sin embargo, el pasado 12 de enero la Generalitat citó al menor para que se hiciera las pruebas óseas que determinan la edad, una medida "incomprensible", según Parés, porque "el menor tiene un pasaporte válido y su validez no ha sido impugnada en ningún momento".
La Fundación FICAT ha denunciado en reiteradas ocasiones el uso "indebido" de las pruebas óseas en casos de jóvenes con pasaporte válido, ya que estas pruebas tienen un margen de error de hasta dos años.
Finalmente, el pasado cinco de febrero, el mismo día que el joven cumplía 18 años según su pasaporte, fue expulsado del centro de menores porque la Fiscalía de Protección de Menores "presumía" que era mayor de edad.
La Fundación FICAT tiene contabilizados 35 menores en una situación semejante a la del joven ghanés.
Según Parés, la política "obstruccionista" de la Generalitat vulnera los derechos de los menores y ayuda a incrementar la bolsa de jóvenes en situación marginal, ya que los menores que son expulsados sin papeles de los centros de acogida no pueden trabajar legalmente ni vivir en los pisos tutelados que tiene la Generalitat para facilitar su integración en la sociedad.
Fuentes de la Generalitat han negado que estén eludiendo asumir su responsabilidad y han argumentado que "el sistema de protección de la infancia sólo debe dar respuesta a las necesidades de los menores de edad, mientras que los mayores deben ser derivados a la red de servicios sociales para adultos".
Dichas fuentes han recordado que si la Fiscalía de Protección de Menores determina que el joven es mayor de edad la DGAIA deja de tener la obligación de protegerle.
