El pleno del Parlament ha dado hoy "vía libre" a la tramitación de la nueva Ley del Síndic de Greuges, que amplía de forma sustancial las atribuciones de este órgano de supervisión del funcionamiento de las instituciones catalanas, y que también tendrá competencias en prevención de la tortura.
La nueva ley ha superado hoy el debate a la totalidad, al ser rechazada la única enmienda a la totalidad que había presentado Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, por lo que el texto pasará a la correspondiente comisión parlamentaria para que los grupos puedan presentar enmiendas parciales.
Una vez que la comisión haya emitido su dictamen, el pleno de la cámara deberá aprobar la ley por mayoría absoluta, ya que es una de las que se consideran como de "desarrollo básico" del nuevo Estatut, pero todos los grupos menos el mixto se han mostrado favorables al contenido esencial del texto.
Entre las novedades que figuran en la ley, destaca que el Síndic podrá solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre proyectos o proposiciones de ley, así como sobre los decretos del gobierno de la Generalitat.
Según el conseller de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, la nueva ley posibilitará que el Síndic catalán sea uno de los "ombusman" que tendrán más competiciones y atribuciones de los que se han creado en los países de la UE.
Pilar Piferrer, de CiU, ha rechazado la enmienda a la totalidad y se ha mostrado partidaria de desplegar el Estatut al máximo de sus posibilidades, aunque ha lamentado que hasta ahora las formaciones del tripartito no se hayan puesto en contacto con su grupo para mejorar el articulado.
Por parte del PSC, Josep Casajoana ha elogiado las "innovaciones" introducidas en el articulado para mejorar el control de la Administración, lo que incrementará, ha dicho, la transparencia y la seguridad de los ciudadanos, además de mejorar el carácter "garantista" de los derechos básicos.
La portavoz del grupo de ERC, Anna Simó, ha valorado muy positivamente que el Síndic extienda sus competencias y que pueda realizar actuaciones para prevenir la posibilidad de torturas en cualquier centro de privación de libertad, y ha añadido que en la comisión su partido tratará de reforzar aún más las atribuciones de este órgano para garantizar los derechos de los ciudadanos.
El diputado del PPC Francesc Vendrell, que ha considerado que la ley "es positiva y necesaria", aunque ha pedido que en la comisión se mejoren algunos aspectos y que se haga por consenso, ha arremetido contra Ciutadans por "querer trasladar el debate sobre el Estatut en cada iniciativa parlamentaria" que se trata en la cámara.
"No asusten a los ciudadanos -ha pedido- diciendo que a partir de ahora no podrán recurrir al Defensor del Pueblo, porque esto no es verdad, y porque aquí venimos a hacer política y no demagogia barata".
Salvador Milà, de ICV-EUiA, también ha negado que el Defensor del Pueblo no pueda intervenir en Cataluña "puesto que dispone de una posibilidad que no tiene el Síndic, que es presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de Cataluña que, a su entender, pueda ser incompatible con la Constitución".
El líder de Ciutadans, Albert Rivera, se ha quedado solo en la defensa de la enmienda a la totalidad, que ha dicho que defendía por "coherencia" ya que su partido está en contra de que el Síndic tenga competencias exclusivas en Cataluña, y ha insistido en que esto va en detrimento de la posibilidad de pedir la intervención del Defensor del Pueblo.

