El fiscal ha considerado este miércoles que está fuera de toda duda que la presunta etarra Nerea Garaizar es la persona, que junto a la ya condenada Alicia Saez de la Cuesta, integraba el comando que en 2001 planeó atentar contra el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga.

La Audiencia Nacional ha celebrado este miércoles el juicio contra Garaizar, entregada por las autoridades francesas en marzo de 2007, para quien el fiscal ha pedido 14 años de prisión por planear acabar con la vida de Fraga al considerarla responsable de un delito de homicidio terrorista en grado de conspiración.

Para el fiscal, la presunta etarra, que se ha negado a declarar en el juicio, formaba junto con Saez de la Cuesta el denominado comando Sapaburu, que se introdujo en Galicia con el fin de matar a Fraga después de que así lo decidiera la dirección de ETA en 1999.

Durante el juicio ha testificado Alicia Saez de la Cuesta, condenada en 2005 a 10 años de prisión por estos hechos, y ha sostenido que conocía a Garaizar de verla por la televisión.

Además, ha dicho que no recordaba los hechos ni reconocía su firma en la declaración policial que hizo tras ser detenida.

También han negado conocer a Garaizar otros dos testigos, ya condenados en relación al intento de atentado contra Fraga, Eider Pérez de Aristizabal y Aitor Olaizola, a los que la Audiencia Nacional impuso 8 años de prisión por su presunta pertenencia al "comando Sugoi" de ETA, enlace en Galicia del "Sapaburu".

Los peritos de la Guardia Civil que han declarado en el juicio, que hoy ha quedado visto para sentencia, han explicado que según la documentación intervenida, Garaizar y de la Cuesta integraban el citado comando terrorista y que disponían de datos muy concretos sobre los horarios, costumbres y recorridos del ex presidente de la Xunta.

Fraga era el único objetivo concretado personalmente que aparecía en la documentación intervenida ya que el resto, a través de claves, eran de colectivos, según los peritos.

La defensa de la presunta etarra ha solicitado al tribunal su absolución y, además de pedir la nulidad del registro de la vivienda en la que fue incautada la documentación, ha considerado que no hay ninguna prueba concluyente que determine que existiera un plan determinado para atentar contra Fraga.