Un olvido judicial podría comportar un nuevo retraso en el proceso por la quiebra de las academias de inglés Brighton. A punto de ser juzgado en la Audiencia de Barcelona seis años después, el caso podría regresar a instrucción porque casi 1.400 perjudicados han quedado fuera del mismo porque el fiscal no los incluyó en su escrito de calificación.

El cierre de las academias dejó en la calle a casi 11.000 alumnos que habían pagado por adelantado los cursos, muchos mediante créditos bancarios. Las entidades bancarias siguieron cobrando los préstamos a los alumnos que los habían suscrito, con la amenaza de incluirlos en listas de morosos si no lo hacían, hasta que los créditos fueron suspendidos cautelarmente por orden judicial.

El proceso, por el que el propietario de la cadena afronta una condena de ocho años de prisión, ha estado a punto de resolverse esta mañana, ya que las partes habían llegado a un acuerdo provisional que debía formalizarse hoy y que habría evitado la celebración del juicio. Pero ese preacuerdo no ha llegado ni a plantearse, porque el fiscal ha pedido que el tribunal admitiera a otros perjudicados que no aparecían en su escrito, donde figuraban sólo un millar.

El fiscal, que se ha percatado de su error una vez esbozado el principio de acuerdo, ha argumentado que no incluyó en su calificación a esos afectados porque se fió de un listado que le facilitó el juzgado de instrucción número 25 en el que sólo constaban un millar de alumnos.

Tomos sin cajas

Según ha explicado, cuando concluyó la instrucción, el juzgado le hizo llegar los 39 tomos que componen la causa, pero no le remitió las 42 cajas en las que constan los expedientes de los 2.365 alumnos afectados por el cierre de las escuelas de inglés.

Para impedir una nueva demora que podría comportar, ha advertido, "otros seis años de instrucción", el fiscal ha propuesto al tribunal que le permita incorporar a esos 1.400 afectados y, como alternativa, que se anulen las últimas actuaciones judiciales y el caso regrese a instrucción, para su nueva calificación por acusaciones y defensa.

Las partes no han sabido aclarar al tribunal si a esos alumnos se les ofreció la posibilidad de ejercer acciones en la causa, pero el fiscal ha rechazado que se haga ahora porque, en su opinión, sería un proceso "caótico".

Única salida

Ante esta situación, la defensa del procesado ha opinado que la "única salida" es que el tribunal declare la nulidad de las actuaciones y las retrotraiga hasta la fase de final de instrucción, propuesta que también ha apoyado alguna de las defensas de los cinco bancos que figuran como responsables civiles subsidiarios.

No obstante, la mayoría de las entidades bancarias han pedido que el juicio siga adelante y han recordado que el fiscal, si bien no tuvo en sus manos los expedientes porque no se le trasladaron físicamente, sabía que existían porque incluso los cita en su escrito de calificación.

Además, ha añadido la defensa de La Caixa, el fiscal fue un "privilegiado" al habérsele trasladado la causa judicial, mientras que los abogados la tuvieron a su disposición en el juzgado y hubieron de trasladarse allí para consultarla.

La sección quinta de la Audiencia de Barcelona decidirá la semana próxima si acepta la propuesta de la fiscalía de incluir a los nuevos testigos, si sigue adelante con el juicio o si devuelve la causa a instrucción.