El Departamento de Interior de la Generalitat ha renovado su apoyo jurídico a los cinco mossos d'esquadra que han sido condenados por malos tratos a un detenido para que recurran la sentencia, según ha dicho hoy el conseller Joan Saura.
La Audiencia de Barcelona condenó ayer a penas de hasta seis años y siete meses de prisión a cinco mossos d'esquadra de la comisaría de Les Corts de Barcelona por torturar y maltratar a un hombre al que detuvieron por error en julio de 2006 y a quien llegaron a introducir una pistola en la boca para hacerle confesar.
Joan Saura ha reiterado hoy que "la práctica totalidad de los mossos no pueden quedar oscurecidos por actitudes puntuales de mala praxis".
Menos denuncias
Según datos facilitados por el propio conseller, las denuncias contra actitudes incorrectas de los Mossos d'Esquadra han descendido este año un 12% en relación al pasado 2007 y no llegan al 2% las sentencias condenatorias, la mayoría por faltas.
Este descenso de las denuncias ha coincidido en el tiempo con la incorporación de unos 1.500 mossos más y la implantación de este cuerpo policial en la totalidad del territorio catalán, proceso que finalizó el pasado 1 de noviembre en les Terres de l'Ebre, única zona de Cataluña en la que aún no tenían presencia.
Suspendidos de sus funciones
La situación laboral de los mossos condenados, sin embargo, sí que ha cambiado tras la sentencia, y todos ellos han sido suspendidos cautelarmente de sus funciones a la espera de un nuevo juicio, ha recordado el conseller.
Con anterioridad a la sentencia y durante el proceso judicial, dos de los cinco condenados por tortura aprobaron sendas oposiciones públicas que les permitieron ascender de categoría, según han informado fuentes del departamento de Interior.
El ascenso se produjo tras aprobar estos dos mossos las oposiciones a las que pudieron presentarse con normalidad dado que el departamento no les había abierto expediente disciplinario por el caso de malos tratos a un ciudadano rumano por el que ahora han sido condenados por la Audiencia de Barcelona.
"Esta irrevocable denuncia de métodos o acciones que vulneran los derechos o son ilegítimos, lejos de plantear dudas, se ha de ver como un instrumento eficaz para incrementar la transparencia en las actuaciones de los miembros de la policía, fomentar las buenas prácticas y como condición para revalidar la confianza de la ciudadanía", ha subrayado el conseller.
