El defensor del Pueblo de Ecuador, Claudio Mueckay, ha interpuesto una demanda contra el agresor de la joven ecuatoriana en un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Barcelona hace unos 10 días, suceso que trascendió de las imágenes de las cámaras de seguridad a los medios de comunicación.
Mueckay pidió a las autoridades españolas que se pronuncien públicamente condenando los hechos de carácter racista protagonizados por Sergi Xavier M., quien agredió a la menor de edad en un vagón de un tren de cercanías en Barcelona. Después de lo sucedido, el Parlament de Catalunya ya censuró lo sucedido, así como cualquier otro tipo de actitud racista.
El defensor del pueblo de Ecuador y su homólogo en España, Enrique Mújica, condenaron el acto de violencia xenófoba, un hecho aislado, pero no único, según informó el diario ecuatoriano Ecuador Inmediato.
"En España, está probado que existen más de cien grupos organizados, de ciudadanos y ciudadanas españolas, que practican la discriminación racial", sostuvo el Defensor del Pueblo de Ecuador.
Por estos motivos, Mueckay interpuso una demanda contra Sergi Xavier M. para que la justicia española le condene "con severidad". El defensor añadió que el organismo que representa ha contratado una abogada y una procuradora españolas para que impulsen la demanda judicial.
"Esta barbarie no puede ser repetida. Es una secuela del holocausto de la Segunda Guerra Mundial", añadió Mueckay, quien solicitó al Rey Juan Carlos y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se pronuncien públicamente para condenar el acto racista.
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El agresor recibe amenazas de muerte
En los últimos días, el agresor ha recibido amenazas de muerte por simpatizantes de la banda Latin Kings del área de Barcelona, según confirmó la Guardia Civil.
El citado cuerpo intervino foros en Internet donde aparecían consignas contra el imputado e incluso la dirección y el itinerario para llegar al domicilio donde antes residía el joven. Por esta razón, el imputado está siendo vigilado discretamente por agentes de la Guardia Civil.
El juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sant Boi decretó el 25 de octubre la libertad provisional con la obligación de presentarse dos veces al día en las dependencias policiales, aunque posteriormente se acordó que serían los agentes los que acudirían al domicilio del imputado.
