El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha cursado una comisión rogatoria a Argelia para poder interrogar en ese país como testigos a trece refugiados saharauis en la causa en la que investiga a varios altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el antiguo Sahara español.
En el texto de la petición de auxilio judicial, el magistrado recuerda que ya en febrero del año pasado solicitó a Argelia, vía Interpol, ayuda para llevar a cabo la toma de declaraciones, que considera "necesarias para el establecimiento de los hechos", pero las autoridades de ese país le remitieron a las de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Tras consultar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que le ha respondido que España no tiene representación ante la RASD, Garzón insiste en su petición a Argelia.
Así, y "en vista de la imposibilidad de proceder directamente ante la RASD, con la que España no mantiene relaciones diplomáticas", el juez pide a las autoridades argelinas que sean ellas las que se pongan en contacto con los dirigentes saharauis y faciliten las diligencias que se propone llevar a cabo.
Los testigos, según Garzón, "residen actualmente en campos de refugiados en Argelia", país al que viajaría ante "las dificultades y los costes de su eventual desplazamiento a España".
Los testigos
El 30 de octubre de 2007, el juez se declaró competente para investigar a trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sahara en relación con la desaparición de cientos de saharauis, denunciada por varias asociaciones de Derechos Humanos, y un mes y medio más tarde, el 17 de diciembre, admitió a trámite la querella que habían presentado.
Los principales altos cargos marroquíes investigados son Housni Ben Sliman, superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976, y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura.
A Ben Hachem también se le acusa de haber secuestrado el 20 de noviembre de 1987 a Djimi El Ghalia a la que dio "orden de torturarla".
También destacan Said Ouassou, supuesto responsable directo de todas las detenciones de ciudadanos saharauis en El Aaiún entre 1976 y 1978; Abdelhak Lemdaour, presunto responsable y dirigente de una gran campaña de detenciones; Moustafa Hamdaoui, dirigente del cuartel de la gendarmería en Tan Tan en 1981, y Dris Sbai, quien presuntamente dirigía las operaciones de secuestros y torturas.
El resto son Ben Hima, Ayachi, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, quien formó parte de la brigada criminal en El Aaiún; Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid, todos ellos relacionados con la detención y torturas a El Ghalia.
Los querellantes cifran en 542 el número de saharauis desaparecidos desde 1975.
