La Fiscal pide dos años de cárcel para el presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Luis Miguel Pahissa, a quien acusa de hacer "la vida imposible" a dos inquilinas de casi 80 años, en uno de los pocos casos de supuesto acoso inmobiliario que ha llegado a juzgarse por vía penal.

En el juzgado de lo penal número 9 de Barcelona se ha celebrado hoy el juicio contra Pahissa, que en su declaración ante la juez ha negado haber acosado a las ancianas, que residen desde hace más de 30 años, como arrendatarias de renta antigua, en la planta tercera del número 18 de la calle Compte d'Urgell de Barcelona.

Las denunciantes, María Dolores P.M., y Leonie C.T., de 78 y 80 años, respectivamente, han detallado el calvario sufrido a raíz de la muerte de sus esposos. Como ejemplo, María Dolores P.M. ha explicado que tan solo 16 días después de la muerte de su esposo fue a la casa de Pahissa junto a su hija, para comunicarle el deceso y a pedirle que iniciara los trámites para subarrendar el contrato, y éste las trató de muy malas maneras, según su versión.

"Nos recibió en su despacho, con las piernas encima de la mesa, no nos invitó a sentarnos y cuando le dije que mi marido había muerto nos dijo que cuando yo muriera a mi hija la echaría a la calle", se ha lamentado, entre sollozos.

No les cobró el alquiler

Además, ha subrayado la "angustia" que les supuso que el administrador no les cobrara el alquiler durante al menos tres meses seguidos en el último trimestre de 2006 -lo que Pahissa justifica porque se casó, se fue de viaje y tuvo una hija-, ya que temían que les echarían de casa por no pagar el alquiler.

Otras de las quejas de las ancianas vecinas es que cuando se construyó un nuevo ascensor, el administrador les prohibió utilizarlo e incluso durante dos años anuló los botones para evitar que el aparato fuera llamado o se detuviera en su planta.

Justificaciones

Pahissa, para quien la acusación particular reclama tres años de cárcel, ha asegurado que todas sus decisiones las adoptó con arreglo a la ley y ha justificado varias de sus actuaciones en contra de las denunciantes con excusas como que su madre -con Alzheimer- perdió algunas cartas, que no cobró los recibos porque se casó y su esposa -de más de 50 años- tuvo un hijo o que los correos electrónicos con las quejas se perdieron en el buzón del correo no deseado.

Por este caso también está acusada la propietaria de los pisos, Esther G.S., que ha dicho desconocer la situación y ha remarcado que se limitaba a ser informada por Pahissa de las decisiones que éste adoptaba.