Dotar de armas a los barcos mercantes o de pesca para defenderse de los piratas puede conllevar una "espiral" generadora de violencia susceptible de complicar todavía más la labor de los marineros, advirtió el académico Julio Jorge Urbina, experto en Derecho Internacional Marítimo.

En una entrevista con Efe, Jorge Urbina, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), indicó que "hasta ahora la violencia tiene una alcance limitado" ya que los piratas no han tenido resistencia en sus abordajes, pero expresó su temor de que eso pueda cambiar en caso de que haya armamento a bordo.

De hecho, desde hace una semana los buques españoles pueden embarcar agentes de seguridad privada con armamento de guerra, según una nueva normativa aprobada por el Gobierno, con el fin de garantizar la protección de personas y bienes, previniendo y repeliendo ataques, con las características y en las condiciones que se determinen por los Ministerios de Defensa e Interior.

"En Somalia no parece que los piratas recurran a una violencia física contra los tripulantes más allá de la ejercida en el asalto al buque y la captura de los rehenes", observó Jorge Urbina, quien apuntó que ello ha evitado de momento que haya heridos o muertos.

Sin embargo, el experto en Derecho Marítimo dijo que "duda si es lo más correcto" llevar armas a bordo, porque eso podría generar una espiral de violencia.

"La presencia de armas o guardias armados a bordo de un buque, y eventualmente disparar contra los posibles asaltantes, podría tener mayores consecuencias", advirtió.

En ese sentido, cuestionó la legitimidad de que "compañías privadas de seguridad, que han sido ampliamente criticadas" por sus actividades en conflictos armados en Irak o Afganistán, puedan ser ahora contratadas a bordo de barcos, después de haber sido acusadas por haber perpetrado "actos de violencia indiscriminada y de violaciones de los derechos humanos".

"No sé si es correcto que guardias de seguridad privados no sometidos al control de nadie puedan utilizar eventualmente la fuerza contra piratas o presuntos piratas", dijo el experto en Derecho Internacional Marítimo y observó que "eso plantea una serie de problemas jurídicos".

Enfatizó que hasta hace pocos años la Organización Internacional Marítima (OIM) había asumido como norma desaconsejar a los buques mercantes utilizar armas o recurrir a personal de seguridad privada por considerar que, "si se emplea la violencia, eso podría contribuir a la espiral de violencia".

Apuntó que la decisión de Francia de colocar militares a bordo de sus buques para evitar los ataques piratas y la de Italia de permitir la contratación de empresas de seguridad privada a bordo "están planteando un cambio de opinión".

Para Jorge Urbina, la "opción tradicional" de lucha contra la piratería consistía hasta ahora en la "cooperación internacional" basada en desplazar buques de guerra con carácter disuasorio y detener a los delincuentes para trasladarlos a algún país, con el objetivo de ejercer la jurisdicción universal.

En el caso de Somalia, debido a que el país está sumido en un caos desde hace más de dos décadas y no tiene capacidad para ejercer el control sobre sus aguas, el Consejo de Seguridad de la ONU con el consentimiento del Gobierno somalí, que tiene poderes muy limitados, adoptó una resolución que habilita a los buques militares a penetrar en sus aguas territoriales, donde se encuentra el "Alakrana".