El pleno del Congreso ha pedido al Gobierno que revise la cuantía del salario que subvenciona el Estado para los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, en los que trabajan más de 54.000 personas de este colectivo.

La iniciativa responde a una proposición no de ley defendida hoy en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista María José Sánchez Rubio, que ha explicado que "el acceso al empleo de las personas con discapacidad afecta a la integración completa de este colectivo en la sociedad y se hace necesario remover las barreras que lo dificultan".

En España existen 1.897 centros especiales de empleo, que son empresas cuyo objetivo principal es proporcionar a las personas con discapacidad un empleo productivo y remunerado adecuado a sus características personales.

Los centros especiales de empleo se financian a través de la subvención parcial de proyectos generadores de empleo; del apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo con la bonificación de la cuota de la Seguridad Social, la subvención del coste salarial, ayuda a la adaptación de los puestos de trabajo y medidas de equilibrio financiero y saneamiento financiero; y a través de las ayudas a las unidades de apoyo a la actividad profesional.

El texto, modificado con enmiendas de todos los grupos, ha contado con el apoyo de todos los grupos del Congreso, y la diputada Sánchez Rubio ha recordado la importancia de financiar el empleo protegido y evitar "la pérdida de empleo de personas especialmente vulnerables por su discapacidad, que ya cuentan con una tasa de empleo que es menos de la mitad de la del resto de la población".

Los portavoces de los distintos grupos parlamentarios han reclamado al Gobierno "la concreción de las medidas" que se llevarán a cabo y la definición del ámbito temporal, la entrada en vigor y la dimensión de las ayudas, pero han celebrado la iniciativa y destacado la necesidad de planes de empleo para este colectivo.

El portavoz del Partido Popular Francisco Vañó ha recordado que "es una medida importante y casi imprescindible para este colectivo, que cuenta con más de un 66 por ciento de inactividad laboral".

Por otro lado, la mayoría de los partidos han propuesto otro tipo de mejoras y la necesidad de un debate sobre medidas para reducir el paro de personas con discapacidad, como la creación de un fondo para transferir recursos a las comunidades autónomas o un modelo de empleo para este colectivo que se adapte al modelo económico actual.