El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) publicó hoy un informe en el que denuncia la corrupción como un fenómeno "extendido y sistemático" en la Federación de Rusia.

Es un fenómeno que "parece afectar al conjunto de la sociedad y a la administración pública, incluidas las instituciones creadas para luchar contra la corrupción (policía y justicia) y el sector empresarial", precisa el texto que recoge las conclusiones de la evaluación realizada sobre Rusia, país que se adhirió al GRECO en 2007.

Teniendo en cuenta esas conclusiones, el Grupo recomienda a Rusia "establecer una estrategia nacional global de lucha contra la corrupción", sobre la base del plan nacional que Moscú aprobó el pasado julio.

El informe se concentra en las políticas generales de lucha contra la corrupción, en la independencia del sistema judicial y en la inmunidad de empleados públicos.

Además, la confiscación de los productos relacionados con la corrupción, las medidas para combatirla desde las administraciones públicas y la prevención de la creación de sociedades comerciales para enmascarar los casos de corrupción, son otros de los ejes fundamentales.

El GRECO constata que sería necesario repartir mejor las competencias entre los diferentes órganos encargados de hacer respetar la ley y de reforzar la cooperación intersectorial.

Así, considera necesario que se acometan más esfuerzos para reforzar la independencia del poder judicial y remediar la percepción, extendida en Rusia, de que los jueces están "bajo la influencia indebida y creciente de la corrupción".

En la memoria de recomendaciones se incide en la necesidad de utilizar procedimientos de contratación de fiscales en base a criterios objetivos, para reforzar así el principio de independencia judicial de la legislación rusa, y se propone una "formación ética" continua para los jueces.

El número de funcionarios y agentes públicos que se benefician de inmunidad penal es "importante" y "debería reducirse al mínimo", así como los procedimientos para eliminar estas "protecciones", que deberían ser objeto de examen profundo, indica el informe.

Por otra parte, las reformas destinadas a modernizar la administración pública han sido ya impulsadas por el Gobierno, a pesar de que Rusia todavía no ha adoptado una legislación relacionada con el acceso a la información pública.

El establecimiento de reglas jurídicas "detalladas y precisas" en este aspecto deben ser tratadas con "toda prioridad" y deben aplicarse al gran abanico de empleados públicos y no sólo a la categoría más restringida de los funcionarios, añade el grupo en sus conclusiones.

En relación a los conflictos de intereses con la función pública, el equipo del GRECO pidió que el país presidido por Dimitri Medvédev "revise la medidas existentes para prevenirlos" y "remedie las lagunas identificadas".

Es necesario "eliminar la práctica de aceptar regalos bajo cualquier forma en la administración pública y examinar la posibilidad de suprimir la justificación legal de estos obsequios en el Código Civil ruso", apuntó.

El grupo de trabajo considera positiva la elaboración de un código de conducta para los empleados del sector público y alienta a los auditores a denunciar a los sospechosos de corrupción.

Reconoce "la voluntad política de combatir vigorosamente la corrupción" y por ello invita a las autoridades rusas a elaborar un informe sobre la aplicación de estas recomendaciones.