La Justicia argentina citó hoy a declaración indagatoria al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y a su antecesor, Ricardo Jaime, por una causa que investiga una supuesta aceptación de dádivas de empresas privadas relacionadas con la actividad de estos funcionarios.

Fuentes judiciales indicaron que el juez Claudio Bonadio convocó a Jaime a comparecer el próximo 5 de marzo en el marco de una investigación por unos supuestos viajes que realizó en aviones privados pagados por empresarios mientras estaba al frente de la Secretaría de Transporte, entre mayo de 2003 y julio de 2009.

Por su parte, Schiavi fue citado por figurar entre los doce pasajeros de esos vuelos privados, todos funcionarios, ex funcionarios y empresarios que también deberán declarar ante el magistrado.

La investigación se inició en febrero de 2009 a partir de una denuncia del entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido contra Jaime por realizar viajes personales supuestamente pagados por empresas vinculadas al grupo Cirigliano, una de las más importantes corporaciones de transporte argentinas.

La investigación, que prosiguió el fiscal federal Guillermo Marijuán, determinó que entre 2006 y 2009 Jaime y otros funcionarios realizaron doce viajes a Brasil financiados por Cirigliano.

Tras ser citado a declarar, Schiavi emitió un comunicado en el que aseguró que colaborará con la Justicia y contribuirá "con todos los elementos que ayuden a determinar las responsabilidades que pudieran surgir de estos hechos".

El ministro afirmó que cuando participó como "invitado" de una comitiva oficial que realizó una visita a las obras de la red de subterráneos en Río de Janeiro, no tuvo ningún tipo de intervención en la "decisión de utilizar un avión de una empresa privada".

El funcionario recordó que entonces, en septiembre de 2006, se desempeñaba como ministro de Planeamiento y Obras Públicas de la ciudad de Buenos Aires y fue invitado por Jaime para generar contactos con las autoridades que tenían a cargo el metro de Río de Janeiro.

"La información respecto de que los gastos del traslado no habían sido solventados por el Gobierno de la Nación surgió con posterioridad al viaje. Al tomar conocimiento, Schiavi verificó que ninguno de los integrantes de la comitiva tenía relación comercial, o contractual con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", señaló el comunicado de la Secretaría de Transporte de Argentina.