El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, comenzó hoy los trámites para decidir si suspende cautelarmente de funciones al juez Baltasar Garzón, que tiene dos causas abiertas en el Tribunal Supremo.

La decisión del órgano de los jueces fue adoptada después de que el Alto Tribunal español rechazara archivar la querella abierta al juez por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y admitiera otra en relación con los cobros recibidos por el magistrado del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

La comisión permanente de dicho órgano judicial se dirigió hoy a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si procede la suspensión de Garzón.

Según fuentes jurídicas, el fiscal previsiblemente se opondrá a la suspensión, ya que la postura mantenida hasta ahora por el Ministerio Público es que el juez no ha cometido delito de prevaricación en ninguno de los dos casos investigados por el Tribunal Supremo.

Por ello, ha pedido reiteradamente a este tribunal que archive la querella por prevaricación presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS, por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

La otra querella se refiere al dinero que Garzón percibió del Banco de Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

El juez Baltasar Garzón decidió a finales de 2008 inhibirse en la investigación de la responsabilidad de Francisco Franco y de otros altos cargos de su régimen en las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-39) y en el periodo posterior de dictadura.

El magistrado de la Audiencia Nacional española, que cobró notoriedad internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet, anunció que se retiraba de esa investigación iniciada meses antes y que había generado una fuerte polémica en España entre partidarios y detractores de la misma.

Garzón decidió inhibirse a favor de los juzgados territoriales en los que están ubicadas las fosas donde se sospecha que pueden encontrarse los restos de personas desaparecidas, algunas de las cuales había ordenado abrir para proceder a la exhumación.

El juez explicó que dejó de instruir la causa porque ya no hay responsables directos vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos "permanecen" y no prescribieron.