La Abogacía del Estado español concluyó hoy que los Ayuntamientos deben inscribir en el padrón municipal a todos los inmigrantes "con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español".
Por ello, "no resulta procedente" rechazar su inscripción con la excusa de que no tienen residencia legal.
Este dictamen fue solicitado a raíz de la polémica surgida por la iniciativa del ayuntamiento de la localidad de Vic, en la comunidad autónoma de Cataluña, que pretende no empadronar a los extranjeros que no puedan acreditar que cuentan con permiso de residencia en España.
La inscripción en el padrón municipal da derecho a recibir asistencia médica y atención escolar, entre otras prestaciones públicas.
Los servicios jurídicos del Estado también confirman que para tramitar la inscripción, se considerará "válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado".
La iniciativa del Ayuntamiento de Vic, en la provincia de Barcelona (noreste español), de impedir el registro de los extranjeros "sin papeles" en el padrón municipal, desató una polémica entre asociaciones de inmigrantes, sindicatos y partidos políticos.
El Consistorio, gobernado por Josep Maria Vila d'Abadal, de la coalición nacionalista catalana CiU, obliga a los inmigrantes a presentar la tarjeta que acredita su permiso de residencia en España y no sólo el pasaporte.
La iniciativa, aprobada por el Ayuntamiento el pasado 13 de enero, choca con la ley española de Régimen Local, que considera que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente.
Vic, situado en la comarca de Osona, en la región de Cataluña, cuenta con unos 40.000 vecinos de los que el 23 por ciento son inmigrantes, en su mayoría procedentes de zonas rurales del Magreb y África.
El consistorio de dicha localidad pidió el lunes al ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que aclarara por escrito qué documentos deben presentar los inmigrantes para empadronarse.
El Gobierno español ya se pronunció en contra de la iniciativa municipal y el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, dijo que se trata de una decisión "manifiestamente ilegal".
El principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), ha solicitado al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que cambie la actual Ley de Extranjería.
La asociación SOS Racismo España considera que la medida del ayuntamiento de Vic "vulnera los derechos fundamentales de las personas inmigrantes, porque las excluye de las prestaciones y servicios básicos".
