Una cuarta parte de los islandeses con derecho a voto se ha manifestado, a través de una petición firmada por 56.089 personas, en contra de devolver el dinero a los ahorradores extranjeros afectados por el colapso del sistema financiero en la isla.

Los promotores de la campaña sostienen que la ley implica un riesgo demasiado grande para el futuro económico del país.

Grimsson ya había aplazado la firma de la ley, que prevé devoluciones por valor de 3.500 millones de euros, debido al rechazo a la misma por parte de la población.

La ley pretende abrir a Islandia la posibilidad de recibir ayudas internacionales e impulsar su acercamiento a la Unión Europea (UE).

La norma afecta a ahorrados holandeses y británicos que confiaron en los altos intereses que ofrecían los bancos islandeses que a la postre se vieron duramente golpeados por la crisis financiera.

La indemnización de 34.000 inversores alemanes por parte del Kaupthing Bank ya se reglamentó en el verano pasado.