Muchas de las víctimas de la violencia postelectoral en Kenia desconfían de la capacidad de la Corte Penal Internacional (CPI) para hacerles justicia, según dijeron a Efe algunas de ellas en el mismo día en el que la Fiscalía de ese tribunal pidió el inicio de una investigación.

El fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, pidió hoy en La Haya los jueces de la Corte que inicien una investigación sobre la violencia en Kenia, que se originó a finales de 2007 y tuvo su apogeo a principios de 2008, tras las pasadas elecciones presidenciales.

"Es demasiado tarde", se quejó Keffa Magenyi, presidente de la Red de Personas Desplazadas de Kenia y víctima de la violencia del año pasado, quien considera que, "aunque Ocampo viniera hoy mismo, muchas víctimas ya responden a intereses políticos y gran parte de las pruebas han desaparecido".

Magenyi afirmó que los políticos implicados en la violencia han "comprado" a muchas de las víctimas con dinero y que "la investigación tendría que haber empezado inmediatamente después de los hechos".

En su comparecencia de hoy, Moreno Ocampo solicitó a las víctimas que envíen sus testimonios a través de la página web de la CPI, para lo que tienen un plazo de 30 días, aunque sus declaraciones no podrán ser usadas como prueba.

Sin embargo, el fiscal argentino ha señalado que, si los jueces deciden abrir la investigación, él mismo viajará a Kenia en marzo próximo para entrevistarse con los afectados: "Esto es sólo el comienzo del largo camino hacia la justicia en Kenia", ha dicho durante una rueda de prensa en la sede de la CPI en La Haya.

Según datos del Gobierno, unas 1.300 personas perdieron la vida durante la violencia y alrededor de 300.000 resultaron desplazadas, pero la mayoría de la población y los comentaristas creen que las cifras reales son mucho mayores.

La chispa saltó cuando el actual primer ministro, Raila Odinga, acusó a Mwai Kibaki, el jefe del Estado, de "robar" las elecciones del 27 de diciembre de 2007, en as que fue oficialmente elegido presidente por segunda vez.

Angel Johns, residente en el mayor campo de desplazados de Kenia, el de Shalom City, donde viven unas 14.000 personas, cree que, hasta ahora la CPI ha dejado de lado a las víctimas: "Hemos perdido nuestros trabajos, hemos perdido nuestras casas, nuestra vida ahora es muy difícil (hacer justicia)".

"Yo conozco a algunos de los que lo hicieron, yo podría haber sido un testigo, Ocampo tendría que haber hablado con nosotros", agregó Johns.

Aun así, Moreno Ocampo ha recordado hoy que su intención es procesar únicamente "entre una y un máximo de cinco" personas sospechosas de haber organizado y financiado la violencia, y que son los tribunales kenianos los que deben juzgar al resto de organizadores y a los autores materiales.

Pero Magenyi y Johns desconfían de la capacidad de los tribunales locales para juzgar a los cientos de personas que cometieron los crímenes, y ambos están de acuerdo en que los que tienen dinero podrán comprar fácilmente su libertad: "En Kenia, los ricos nunca lloran", resume Johns.

Regina Opondo, de la Conferencia Episcopal de Kenia, lleva meses recogiendo testimonios y pruebas de mujeres víctimas de la violencia en Kibera, el mayor barrio de chabolas de Nairobi y uno de los lugares más afectados por la violencia.

Opondo tiene la esperanza de poder presentar toda esta información ante un tribunal, pero ella tampoco se fía del sistema judicial de Kenia: "Es la CPI la que tiene que hablar directamente con las víctimas, es importantísimo, no nos vale que venga Ocampo y hable sólo con unos cuantos políticos", reclamó.

El director de una escuela-orfanato de Kibera, que acogió a varios niños que perdieron a sus padres en la violencia postelectoral, desconfía tanto del Gobierno como de la CPI a la hora de hacer justicia.

Incluso pide que no se revelen su nombre o el de los niños, ya que cree que "el Gobierno, que no quiere que más víctimas salgan a la luz, vendría a por ellos y la escuela y yo tendríamos problemas".