Por lo menos 10.000 chinos que ejercen su derecho a denunciar a las autoridades locales fueron detenidos e incluso torturados en lo que ya se conoce en toda China como "cárceles negras", prisiones ilegales cuya existencia es negada por el régimen.

"Los testimonios de estos peticionarios secuestrados son perturbadores", señaló a Efe Phelim Kine, uno de los autores del informe de la ONG pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), que cree que sólo en Pekín 10.000 personas han pasado por estas celdas.

Los detenidos son "personas que ya son marginales y vulnerables, como aquellas con limitados recursos y educación, que pasan años esperando justicia de un sistema que ya no funciona. Todos ellos son perseguidos por exigir la aplicación de la ley", agregó Kine.

El estremecedor documento de 53 páginas, "Un callejón al infierno. Maltratos en las cárceles negras chinas", está redactado a partir de 38 entrevistas con peticionarios que fueron secuestrados en "hei jianyu", prisiones "negras", que en mandarín se refiere a "ilegales", en las que se comete todo tipo de abusos y maltratos.

La petición es un recurso legal creado en la dinastía Qing (1644-1911), al que se acogen campesinos que llegan a Pekín y a otras capitales de provincia en busca de justicia, tras ser víctimas de las autoridades locales en abusos tales como expropiación ilegal de tierras, corrupción o torturas.

El Buró Estatal de Peticiones señala que este es el sistema más barato para los indigentes y que recibió entre 2003 y 2007 unos 10 millones de denuncias anuales, un aumento exponencial con respecto a años previos.

Los peticionarios se quedan a veces durante años, incluso décadas, en Pekín a la espera de una respuesta de la Oficina de Cartas y Peticiones que nunca llega, y malviven como mendigos en barrios controlados por la policía, como en Fengtai, según ha documentado Efe en diversas ocasiones.

Estas detenciones son sistemáticas en toda China, donde se producen decenas de miles, según HRW; una vez retenidos durante días o meses, sufren violencia física y psicológica, robo, extorsión para que abandonen su denuncia y ser liberados; amenazas, privación de comida, cuidados médicos y sueño, y en algunos casos violación.

En agosto saltó a los medios la violación de una peticionaria, estudiante de 20 años originaria de Anhui, tras ser secuestrada en una cárcel ilegal en Pekín, HRW documenta maltratos similares.

"Los secuestradores eran inhumanos", dijo una mujer de 46 años de la provincia de Jiangsu, detenida durante 37 días.

En Pekín "dos de ellos salieron del coche y me introdujeron en él tirándome del cabello. Me ataron las manos y no podía moverme. Cuando llegamos a Jiangsu me encerraron en una habitación donde dos mujeres me arrancaron las ropas, me pegaron en la cabeza y me pisotearon todo el cuerpo", explicó entre lloros, señala el informe.

Dos tercios de los entrevistados sufrieron maltrato físico.

Las detenciones afectan a menores de edad y ancianos, como una mujer de 70 años de Hubei que enfermó durante su retención de 115 días: "Me trataron con una falta total de empatía humana hacia mi sufrimiento... Decidí dejar de comer hasta morir. Tres días más tarde me llevaron a un hospital".

Los matones, que van armados, no les dan explicaciones sobre el motivo de la detención, que a veces se cataloga como "caso de estudio" o "reeducación legal".

La presencia de estas prisiones ilegales, que se ubican en hostales, geriátricos, psiquiátricos o edificios estatales, no es nueva, ya que el régimen chino recurre a ellas en persecuciones masivas como en la Revolución Cultural (1966-76) o la del grupo budista Falun Gong desde 1999.

La abolición en 2003 de una ley que permitía la detención arbitraria de "indeseables" ha disparado el número de cárceles ilegales, dice el informe, ya que los ascensos y bonos de los que disfrutan los funcionarios se reducen de forma proporcional al aumento del número de quejas y denuncias en su jurisdicción.

Son funcionarios y policías provinciales quienes pagan entre 22 y 44 dólares (15-30 euros) diarios a matones para secuestrar y encerrar a los peticionarios en estas cárceles en las que todo está permitido, y el gobierno municipal mira hacia otro lado.

El Gobierno reiteró la inexistencia de estos centros: "No sé por qué HRW ha publicado este informe, pero puedo asegurar que no existen las llamadas cárceles negras en China", dijo el portavoz de la cancillería Qin Gang, en lo que Kine catalogó de "previsible negación ante las evidencias".