El Salvador dio hoy un giro de 180 grados a su política de las últimas dos décadas al reconocer públicamente su responsabilidad en el caso del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte.

La Comisión recomendó al Gobierno salvadoreño que realice de manera expedita una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre el caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía decretada.

También ordenó al Estado que repare todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y que adecúe su legislación interna a la Convención Americana para dejar sin efecto la Ley de Amnistía General.