Nicaragua se encuentra ante un panorama de conflicto de poderes y un Parlamento donde la fracturada oposición tiene muchos retos y no pocas desconfianzas, tras la sentencia que esta semana dejó abierto el camino a la reelección del presidente Daniel Ortega.
El fallo que eliminó el artículo constitucional que impedía la reelección presidencial continúa en el país, además de lo polémico, también deja al desnudo el plan del líder sandinista por mantenerse en el poder y la sombra del pacto con el ex gobernante Arnoldo Alemán (1997-2002), según políticos, juristas y analistas consultados por Efe.
Los magistrados sandinistas de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon el pasado lunes inaplicable el artículo 147 de la Carta Magna que impide la reelección continua de un presidente y limita a dos el número de mandatos que puede ejercer un jefe de Estado.
El fallo fue dictado de manera expedita y sin la presencia de los tres magistrados opositores, que fueron sustituidos por suplentes oficialistas.
Para algunos de los consultados, la maniobra legal de Ortega de burlar el artículo de la Carta Magna que impedía aspirar a la reelección, supone un desafío para la fracturada oposición para detener las pretensiones de Ortega, donde la figura de Alemán adquiere relevancia.
Sectores de la oposición señalaron a Alemán de ser cómplice del fallo que allana el camino a la reelección de Ortega, como parte del supuesto acuerdo secreto que ambos mantienen desde el año 1999, que según dijeron, incluyó su sobreseimiento de las acusaciones de corrupción, por lo que había sido condenado a 20 años de prisión en 2003.
El fallo a favor de las aspiraciones de Ortega también deja un escenario de incertidumbre en el Parlamento, donde el oficialismo y la oposición se disputarán la agenda.
El jurista Alejandro Serrano Caldera declaró a Efe que esa sentencia pondrá a prueba al Parlamento y a la misma CSJ, donde la correlación de fuerzas del oficialismo y la oposición es pareja.
Serrano Caldera, ex presidente del Poder Judicial, observó que el mandatario recurrió a una maniobra legal con un sector de la CSJ, al verse imposibilitado de conseguir los votos en el Parlamento para reformar la Constitución, con lo que reconoce que no tiene mayoría.
Es allí, en el Parlamento, sostuvo, donde la oposición tendrá la oportunidad de bloquear leyes o paralizar el trabajo legislativo, y hacer que el Ejecutivo abra negociaciones políticas y ponga en mesa esa polémica decisión.
La solución "queda en la correlación de fuerzas políticas en esos dos poderes, porque esto ya tiene un carácter de aspectos políticos, moral y ético", consideró el jurista.
El presidente del Congreso, el sandinista René Núñez, reconoció este jueves que ese fallo ha abierto "un conflicto de competencias" entre poderes y sostuvo que el Parlamento es el único poder del Estado facultado para reformar la Carta Magna.
Mientras, el general retirado y disidente sandinista Hugo Torres indicó a Efe que ese fallo, con el que Ortega busca "permanecer en el poder, por mucho tiempo", se puede enfrentar con un auténtico "frente opositor", principalmente en el Parlamento, que no controla el Ejecutivo.
En el Congreso está pendiente de debate la ley del presupuesto nacional de 2010 y una reforma tributaria que ha sido criticada por la oposición y empresarios.
Ese "frente opositor" también debe oponerse al fallo en la CSJ y con movilizaciones, dijo el militar retirado.
En tanto, el analista político y escritor Emilio Álvarez dijo a Efe que esa decisión judicial, que pretende dar "viso de legalidad" a una posible reelección de Ortega, "además de chabacana y chapucera, es típica de nuestra cultura política".
"Las consecuencias de ese error político han sido siempre dramáticas a corto o largo plazo", alertó el experto, autor del libro "La Cultura Política Nicaragüense".




