El Congreso rechazó ayer la proposición de ley del grupo parlamentario popular de convertir al profesor en autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. PSOE, CIU, PNV, ERC y BNG votaron en contra. Sólo UPyD apoyó la iniciativa, que consistía en introducir una disposición adicional en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) para que el profesor sea considerado autoridad a efectos legales.

El portavoz de Educación del grupo parlamentario popular, José Antonio Gómez Trinidad, señaló que la propuesta "no va en contra de nada, va a favor de 11 millones de alumnos y 650.000 profesores", pero la portavoz socialista, Cándida Martínez, le echó en cara que "el debate sobre la autoridad docente no se incluya dentro del Pacto de Educación".

Desde el PNV, Aitor Esteban señaló que la pena por agredir a un profesor no aumentará, pues la Fiscalía ya pide desde 2008 que se considere al docente como autoridad. Y Mercé Pigem, de CiU, reclamó que se abra la reforma de la LOE "una sola vez, y no una y otra vez". Por su parte, el diputado der., Joan Tardá, llegó a acusar al PP de "terrorismo ideológico", expresión que se vio obligado a retirar.

Tras el debate de ayer, el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Pedro Rascón, aseguraba que "los profesores deben tener la protección jurídica necesaria, pero dentro de la ley. Y en el marco actual basta conque los jueces la apliquen".

En cambio, Manuel de Castro, secretario general de la Federación de Religiosos de la Enseñanza, hacía referencia a un gran acuerdo educativo. "No está mal que se trate esta materia, pero tampoco soluciona el problema, y habría sido más oportuno hacerlo en el contexto del pacto", zanjaba.

EL APUNTE

Los pasos claves en tres años sucesivos

En 2006, la LOE establece que se trate al profesor conforme a su valor social. En 2007 el Supremo sentó jurisprudencia al condenara un año de cárcel a unos padres por agredir a una maestra. Y en 2008 la Fiscalía General del Estado remitió una consulta para que las agresiones contra funcionarios de sanidad y educación fuesen atentados.