La reforma de la ley del aborto y la asignatura de Educación para la Ciudadanía, recientemente refrendada por el Tribunal Supremo, estuvieron ayer presentes en el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela.

El cardenal inauguraba la 93ª Asamblea Plenaria de los Obispos, que se reúne en Madrid hasta el viernes, y eligió una cita de Juan Pablo II para aludir a la nueva ley del aborto y a la asignatura. La democracia, según Rouco Varela, corre el riesgo de convertirse en "una palabra vacía". "La regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los más fuertes",añadió.

Hablando en concreto sobre el aborto, calificó éste como un "crimen que ensombrece la historia de la humanidad". Volvió a incidir en este punto a la hora de llamar a los obispos a evangelizar "desde el momento de la concepción hasta la muerte natural".

Sobre educación y la crisis

Sobre la sentencia que califica de obligatoria la asignatura Educación para la Ciudadanía, Rouco reivindicó el derecho "fundamental e inalienable de los padres y de las escuelas en colaboración con ellos a educar a sus hijos en los principios morales y religiosos que libremente asumen y cultivan". Y continuó: "Se violan los derechos de los padres y de las escuelas-cuando se impone legalmente a todos una determinada visión antropológica y moral, es decir, una formación estatal de las conciencias.

El cardenal Rouco tuvo también palabras para la crisis: "Cuando la crisis de la conciencia moral en la sociedad afecta a la vida humana y el derecho a la misma, no es de extrañar que la crisis se extienda a otros aspectos de la existencia de las personas y de las sociedades", sentenció.

EL APUNTE

Aído diferencia entre 'pecado' y 'delito'

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, respondió ayer a las declaraciones del cardenal Rouco diciendo que a la Iglesia Católica le corresponde decir "qué es pecado, pero no qué es delito" y al Gobierno, elaborar leyes que afecten "a toda la ciudadanía" con "respeto" a todas las posiciones. Para Aído, el Ejecutivo ha afrontado "con serenidad, con sosiego y con diálogo" la reforma de una normativa que equipare a España con el resto de países de su entorno.