Abortos fuera de la ley. Carlos Morín lleva muchos años al frente del grupo Ginemedex-TCB como ginecólogo. Dirige cuatro clínicas en la zona alta de Barcelona que ayer cerró la Guardia Civil por orden de un juez. En ellas, se practicaban presuntamente abortos a pacientes con embarazos muy avanzados y con personal que no reunía los requisitos de un facultativo, según informaron a este diario fuentes próximas al caso. Fue arrestado junto a cinco personas más.

Hasta 6.000 euros

Las investigaciones empezaron a raíz de una querella de la Fundación E-Cristians contra Morín después de ver un reportaje de la televisión danesa y otro en un diario inglés en los que una periodista embarazada de siete meses acudía a la consulta de Morín y éste aceptaba practicarle un aborto. El presidente de E-Cristians, Josep Miró Ardèvol, señaló que este tipo de intervenciones suelen costar entre 4.000 y 6.000 euros y que en "una clínica se practican entre 48 o 50 al mes".

Registros y arrestos

Ayer por la mañana, la Guardia Civil se presentó en las clínicas TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín, las cuatro investigadas por orden del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona. Horas después salía de uno de los centros una pareja que no había podido visitarse al verse sorprendidos por la operación contra los abortos ilegales. "No me han podido hacer nada", dijo la joven. Los investigadores se llevaron numeroso material en cajas precintadas y arrestaron a seis personas. Al menos dos de ellos son ginecólogos y los otros son "personas que actuaban de facultativos pero que no dispondrían de ningún título oficial", según informaron las mismas fuentes.

Práctica reiterada

Nuestro código penal permite el aborto en tres casos: cuando hay una malformación del feto (antes de la semana 22), si hay riesgo para la salud de la madre o si ha habido violación. La Guardia Civil tienen indicios suficientes que acreditan que en estas clínicas se hacían abortos más allá de estos supuestos.

Ayer la Fiscalía emitió un comunicado haciendo referencia a "una supuesta práctica reiterada de interrupciones voluntarias del embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación" en las clínicas del grupo Ginemedex-TCB.

También se han querellado entidades, particulares con secuelas tras ser intervenidos y trabajadores, según fuentes cercanas a la investigación.

El número de abortos legales realizados en España -es decir, que se realizan por uno de los tres supuestos que contempla la ley- aumenta año tras año. En 2005, según datos de la Federación de Planificación Familiar Estatal, se realizaron 91.664 interrupciones voluntarias del embarazo bajo el amparo legal, en 134 centros.

Los últimos datos revelan que a 9,60 de cada mil mujeres de entre 15 y 44 años se le había practicado un aborto en 2005. En 1993, abortaban de forma legal 5,15 mujeres por cada mil. Y este incremento se centra, básicamente, en los grupos de edad más jóvenes (se pasó de 3,89 mujeres menores de 18 años por cada mil en 1993 a 11,48, en 2005).

Es difícil establecer un perfil claro de la mujer que sufre un aborto legal. Pero los datos establecen que la mayoría son solteras, asalariadas, sin hijos y con un nivel de estudios de segundo grado. El 70% de mujeres asegura no haber abortado previamente. ANNA LLADó