El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Policía y Guardia Civil, ha abierto expediente gubernativo a otros 16 dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) por falta muy grave en relación con la manifestación que tuvo lugar el pasado 20 de enero en Madrid.
Estos 16 nuevos expedientados se unen a los comunicados la pasada semana al secretario general de AUGC, Joan Miquel Perpinyà, y al secretario de Comunicación, Juan Antonio Delgado.
En el caso de que los expedientes abiertos deriven en sanción muy grave los guardias pueden ser castigados con pérdida de puestos en el escalafón, suspensión de empleo o separación del servicio. Además, a los 18 se les "suspende en funciones" cautelarmente durante 90 días.
Mesquida ordenó la semana pasada un informe a los servicios jurídicos de la Dirección General de la Guardia Civil por si la concentración que AUGC convocó el 20 de enero en la Plaza Mayor de Madrid y su asistencia a ella de uniforme hacían concurrir a los agentes en alguna posible infracción. La decisión de Mesquida de abrir los citados expedientes se sigue por recomendación de ese informe jurídico no vinculante.
Los expedientados ocuparon durante todo el acto el escenario vestidos con el uniforme reglamentario y sin pistola. Igual que los guardias situados entre el público, para los que las fuentes consultadas descartaron que vayan a ser objeto de expediente. El Servicio de Información de Guardia Civil detectó en la Plaza Mayor a unos 1.200 guardias con uniforme, mientras que AUGC elevó esta cifra hasta los 3.000.
"Sin uniforme no se nos escucha"
En el acto, Juan Antonio Delgado actuó como presentador de los oradores que participaron en el acto, desde el filósofo y escritor Fernando Savater hasta el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, pasando por el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, un suboficial del Ejército que ayer fue internado en un centro militar sancionado por sus declaraciones en una rueda de prensa convocada por AUME para tratar el accidente del Cougar en Afganistán.
El acto fue cerrado por Perpinyà, quien aseguró que se manifestaban de uniforme "porque de otro modo no se nos escucha". El líder de la AUGC aseguró que los guardias civiles tienen "menos derechos que el resto de funcionarios" y que cobran "menos" por "jornadas laborales más largas".
"La naturaleza militar es la excusa perfecta" explicó para que los diferentes gobiernos no hayan acometido reformas.
Bajo el lema Derechos, ya, AUGC denunciaba el incumplimiento de las promesas electorales del PSOE: un estatuto de Derechos y Deberes que regule el asociacionismo en el Cuerpo y un nuevo Régimen Disciplinario. El Gobierno recibió de Interior el pasado día 12 un anteproyecto de Ley Orgánica para la reforma del actual Régimen Disciplinario de la Benemérita que, entre otras cosas, elimina la aplicación de la jurisdicción militar para los guardias civiles en misiones policiales. AUGC lo considera "claramente insuficiente" y denuncia que el trámite parlamentario hará imposible su entrada en vigor en la presente legislatura.
Declaración la próxima semana
El próximo lunes, el teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar, instructor del expediente gubernativo 11/07 que se sigue contra Perpinyá, recibirá declaración al secretario general de la Asociación. El miércoles 7 de febrero tendrá lugar en la Comandancia de Cádiz un similar procedimiento contra Delgado y en los próximos días el resto de expedientados tendrá que pasar por el mismo trámite.
Cuando el instructor finalice el expediente, están capacitados para imponer la sanción los generales de zona, división o brigada y de ahí, para arriba en el escalafón, es decir el propio Mesquida, el secretario de Estado de Seguridad e, incluso, el ministro del Interior.
Al tiempo, se dará conocimiento del mismo a la Fiscalía Togada por si ésta apreciase delito en la actuación de los agentes que se manifestaron de uniforme. La Fiscalía militar abriría diligencias y los guardias civiles podrían ser sometidos a un juicio militar, algo que diversas fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press descartan por completo.
