El pleno del Congreso aprobó hoy en su último trámite la ley que define los servicios de pago y los proveedores autorizados para ofrecerlos, con la que se traspone la directiva europea para este tipo de actividades en España.
Tras la aprobación de todas las enmiendas introducidas en el Senado la semana pasada, hoy salió adelante la ley que comparte el objetivo de la citada directiva, ya que pretende garantizar que los pagos se efectúen por igual entre los países de la Unión Europea y se refuerce la protección y los derechos de los usuarios.
A partir de su entrada en vigor, los gastos de las transferencias bancarias deben repartirse entre los usuarios (tanto el que envía como el que recibe), salvo si el cliente llega a un acuerdo distinto con su entidad.
Asimismo, se definen las nuevas entidades de pago, los requisitos de transparencia en los servicios de pago, y los derechos y obligaciones derivados de su prestación.
Estas nuevas entidades pueden efectuar servicios de pago y ciertas actividades complementarias, como servicios operativos, pero no pueden emitir dinero electrónico ni captar depósitos.
La supervisión de estas entidades de pago dependerá del Ministerio de Economía, del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
En general, se consideran proveedores de servicios de pago a las entidades de créditos que capten fondos reembolsables -cajas, bancos y cooperativas de crédito-, las entidades financieras de crédito, las de dinero electrónico y las de pago, al igual que las de administraciones públicas cuando actúen como autoridades públicas.
El diputado del PP Juan Manuel Albendea defendió tanto sus enmiendas como las del PSOE y las de CiU.
Entre ellas hay una del grupo catalán según la cual el Gobierno podrá aprobar un reglamento que marque los límites para el cobro de cuotas en los servicios de pago, con el fin de fomentar la competencia y promover el uso de instrumentos de pago eficientes.
También apoyó esta enmienda la diputada del PSOE María José Vázquez, quien descartó que el uso de tarjetas pueda verse afectado por esta medida, porque, a su juicio, el cobro de cuotas a los clientes por parte de los comerciantes es "prácticamente inexistente".
Por otro lado, Vázquez afirmó que el Área Única de Pagos en Euros (SEPA, por sus siglas en inglés) tendrá que estar finalizada en 2010, para garantizar así los pagos en un territorio europeo sin fronteras.
El SEPA prevé crear un mercado de pagos integrado que permitirá a los consumidores, las compañías y otros actores económicos hacer y recibir pagos en euros en condiciones idénticas, sean las transacciones nacionales o entre distintos estados.
