La ayuda a los parados que hayan agotado la protección y no dispongan de ingresos beneficiará a más de 300.000 personas y entrará en vigor a mediados de este mes, con efectos retroactivos desde el 1 de agosto, según ha anunciado el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

Esta medida será aprobada mañana en el Consejo de Ministros extraordinario que celebran los miembros del Gobierno, cumpliendo con el anuncio que realizó el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, poco después la ruptura del proceso de diálogo social.

Corbacho ha subrayado que los desempleados que hayan agotado prestaciones y subsidios y no tengan rentas podrán percibir esta ayuda, de 420 euros mensuales, durante un periodo de seis meses, evitando así que "queden desamparados desde el punto de vista de la protección social".

El perceptor de esta renta, según el ministro, asumirá el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad autónoma de participar en un itinerario de formación y empleo.

Volver al empleo lo antes posible

Corbacho ha destacado que el objetivo de esta iniciativa, cuya duración no acaba de convencer a los sindicatos, "no es el de hacer un subsidio, sino el de dar una renta de protección para que las personas que la reciban tengan acceso a una formación y puedan volver al empleo lo antes posible".

Aunque cada perceptor sólo podrá recibir la ayuda durante un máximo de medio año, el Gobierno mantendrá en vigor este programa de ayudas durante más tiempo. De hecho, su permanencia estará condicionada a la evolución del paro y de las condiciones económicas.

La norma que se aprobará mañana habilita al Gobierno para ir prorrogando este programa de ayudas en la medida en que los índices de coyuntura económica sigan siendo negativos.

El coste de esta ayuda superará los 400 millones de euros y, según Corbacho, se financiará directamente con cargo al Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) y a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).