Las críticas a la propuesta de la patronal de flexibilizar el mercado laboral han xentrado este año el Primero de Mayo, en una jornada en la que los sindicatos han amenazado con convocar una huelga general si se recortan los derechos de los trabajadores o se acuerdan medidas fuera del Diálogo Social.

Así, en Madrid, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han advertido al Gobierno y al Parlamento de que no cedan a las demandas de la CEOE de abaratar el despido y recortar los salarios y las pensiones, porque generará "conflictividad".

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha respondido a estas advertencias aseverando, desde Barcelona, que el Gobierno no incentivará el despido haciéndolo más fácil y barato, y ha reiterado que cualquier reforma del mercado laboral debe discutirse en la mesa del Diálogo Social y ser consensuadas.

En su opinión, sería una "injusticia" pensar que la crisis es consecuencia de los que estaban trabajando y cobrando mil euros y han perdido el empleo cuando el origen es la "clara especulación financiera".

"El más trascendente"

Los sindicatos consideraron este Primero de Mayo como el "más trascendente" de los últimos 15 años por la gravedad de la crisis económica que ha elevado el paro a cifras históricas y ya afecta a más de cuatro millones de personas.

En Madrid, la manifestación ha reunido a miles de personas -65.000 según los organizadores y 6.000 según la policía-, y se ha desarrollado sin incidentes con el lema "Frente a la crisis: empleo, inversión pública y protección social". Durante su transcurso los manifestantes han rechazado la precariedad, los bajos salarios y los contratos basura, y exigieron pensiones mínimas "dignas".

Es necesario, según Toxo, un plan de choque para atender a los más de cuatro millones de parados, para lo que hay que mover los recursos públicos disponibles, gravar las rentas más altas y que el dinero que se ha dado a las entidades financieras fluya a la economía real.

También es necesaria la protección del millón de personas que no tienen ninguna prestación, algo que para los sindicatos es "insostenible", ya que las medidas del Gobierno son "insuficientes".