El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha reconocido este martes que la situación del paro en España "es sin duda preocupante", pero ha rechazado los "alarmismos injustificados" en los que caen "algunos", alegando que al Gobierno lo que "le toca" es generar "confianza y no pesimismo".

Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Corbacho señaló que el incremento del desempleo y por tanto de los perceptores de prestaciones está provocando una mayor carga de trabajo en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem), situación que está obligando al Ministerio a reforzar los medios personales de este organismo.

En este sentido, anunció que su Departamento va a elevar la plantilla de funcionarios destinados a la gestión de prestaciones en aquellas provincias donde ha aumentado la carga de trabajo. En total, avanzó, entre julio y septiembre se incorporarán 1.415 funcionarios a las oficinas del Inem, de los que 866 lo harán de manera inmediata.

Crisis económica

Corbacho, que defendió la actuación del Gobierno ante la crisis económica, subrayó que la coyuntura actual precisa de un diagnóstico acertado y también de respuestas. "Se trata de atacar las causas de la situación y paliar sus efectos", enfatizó el ministro, que precisó que las circunstancias actuales no tienen una causa de origen laboral, sino económico.

Así, dijo, la superación de esta situación debe venir, sobre todo, de medidas de carácter económico y no sólo laboral. En este punto, recordó que el Gobierno, "desde el primer momento", puso en marcha un paquete de iniciativas económicas, que supondrán una inyección para la economía española de más de 10.000 millones de euros. Pero su efecto, agregó Corbacho, no será "inmediato".

Reformas estructurales

En cualquier caso, y más allá de este paquete económico y del plan de recolocación de desempleados que ha diseñado su Ministerio, el titular de Trabajo reconoció que la economía española necesita más reformas estructurales para impulsar el crecimiento económico y hacerlo más sólido y sostenible.

Dichas reformas, puntualizó, deben hacerse con consenso, a través de un "gran acuerdo de concertación social" entre Gobierno, sindicatos y empresarios. De momento, las tres partes están trabajando en la hoja de ruta del diálogo social para esta legislatura, en la que se identificarán los temas a tratar y los métodos de trabajo. Está previsto que este documento se haga público antes del 31 de julio.

"Trabajamos con la premisa esencial de alcanzar acuerdos viables y eficaces, y sabemos que la situación no admite demoras. La sociedad no lo entendería. Pero este trabajo debe ser discreto y sin apriorismos", apuntó el ministro, que no quiso avanzar lo que se discutirá en el diálogo social "por responsabilidad y lealtad" al resto de los interlocutores.