La intención de la Comunidad de Madrid de aprobar un proyecto de ley en el que se incluye la posibilidad de liberalizar completamente los horarios comerciales ha levantado una nube de pólvora que parece no tener fin. Desde que el anteproyecto se hiciera público, la pasada semana, las asociaciones y confederaciones de pequeños y medianos comercios han alzado su voz para asegurar que la posibilidad de que se eliminen las actuales limitaciones horarias máximas perjudicaría al sector y a sus trabajadores y beneficiaría sólamente a las grandes superficies comerciales.

Las últimas en hacerlo han sido la Confederación de Comercios Especializado (COCEM) y la Confederación Española de Comercio (CEC), que han alertado este miércoles de que el proyecto de Ley de Modernización del Comercios, que pretende sacar adelante la Comunidad de Madrid y que contempla la posibilidad de dar libertad a los comerciantes para que elijan el horario de apertura y cierre, podría provocar la pérdida de 100.000 puestos en la región.

Además, advirtieron de que si el Gobierno regional finalmente aprueba este proyecto, tomarán una serie de medidas entre las que se encontrará pedir la dimisión del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano, porque consideran que no ha defendido los intereses de los pequeños comerciantes.

La normativa que pretende aprobar la Comunidad de Madrid baraja la posibilidad de que se eliminen las actuales restricciones establecidas para el ejercicio de la actividad comercial, tanto con carácter semanal (máximo de 90 horas), como diario (cierre entre 00.00 horas y 7.00 horas, y 12 horas de apertura máxima los días festivos), haciendo uso de las atribuciones reconocidas por la legislación básica estatal en materia de horarios comerciales.

Una ley "ridícula"

En rueda de prensa, el presidente de la COCEM, Hilario Alfaro, explicó que con este borrado el Ejecutivo autonómico "no logrará crear ni un solo puesto de trabajo", sino que eliminará más de 100.000. A su juicio, esta Ley, que es "ridícula" y no ha sido reclamada "por nadie", obligará a los comerciantes a cambiar los hábitos de venta.

Además, mantuvo que el borrador "no ha sido consensuado" con todas las organizaciones implicadas, sino tan solo por el presidente de la CEIM, Arturo Fernández, que valora positivamente los cambios, y por el de CECOMA, Salvador Santos Campano, por las relaciones que mantienen con la jefa del Ejecutivo madrileño. "La situación es tal que hemos ofrecido a los vicepresidentes de CECOMA que abandonen su organización y se vengan a COCEM, donde sí velamos por los intereses de los comerciantes y no por los políticos o personales", agregó.

Por su parte, el presidente de la CEC, Pedro Llorens, mantuvo que Madrid está presidida por una persona "que no cree en la conciliación de la vida familiar y laboral" y que devuelve al comercio a la situación del siglo XVIII. Desde su punto de vista, esta normativa solo beneficia a las grandes superficies "que se llevan el dinero a su país", en lugar de facilitar la labor de los pequeños comercios que crean empleo y riqueza para la región.

El presidente de la Federación de Comerciantes del Sur de Madrid (FECOESUR), Julio Vallejo, ha señalado que, mediante esta medida, desaparecerán en un plazo de 3 ó 4 años el 50% de los pequeños comercios. Un punto de vista muy similar al de la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español (Copyme) asegura que la nueva normativa "no tiene ni pies ni cabeza" y la considera en un comunicado "un nuevo paso en contra del comercio tradicional".

Los sindicatos, también en contra

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) también comparte parecer con las anteriores confederaciones. Su secretario general, Sebastián Reyna, cree que la propuesta de la Comunidad de Madrid supondría una "reconversión salvaje" del comercio minorista. El Gobierno regional, según Reyna, tendría que asumir "que se van a perder miles de empleos" en caso de que la norma salga adelante.

La secretaria general de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, María José Tajuelo, aseguró esta semana que el citado anteproyecto de ley tendrá como consecuencia la "desprofesionalización" del sector porque provocará "la huida" de los trabajadores, que "vivirán sólo para trabajar" si la norma entra en vigor. Según Tajuelo, los consumidores tienen en la actualidad horario "más que suficiente" para realizar sus compras.

La opinión la comparte el secretario de Acción Sindical de la Federación Estatal de Comercio, Hostelería, y Turismo de CCOO, Fermín Rodríguez, que ya advirtió ayer de que la libertad de horarios en este sector sólo beneficia a los grandes grupos de distribución y perjudica a los trabajadores, que tampoco mejoran sus condiciones.

IU critica y PSOE pide consenso

Los partidos políticos también tienen su opinión sobre el tema. El PSOE en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, no se ha mostrado radicalmente en contra de la medida aunque ha solicitado al Gobierno regional del PP que consensue con los pequeños comercios, las grandes superficies y los trabajadores la nueva normativa.

Asimismo, reclamó al Ejecutivo autonómico que promueva una serie de medidas para los pequeños y medianos comerciantes que les permitan hacer frente a la nueva situación. El portavoz socialista de Economía en el Parlamento regional, Enrique Echegoyen, ha asegurado que su partido sólo conoce el proyecto de Ley a través de lo publicado en los medios de comunicación, por lo que solicitó a la Comunidad de Madrid que envíe el borrador "cuanto antes" a la oposición para poder analizarlo en su extensión.

La posición de Izquierda Unida, por su parte, es mucho más radical. El diputado regional y portavoz de la Comisión de Economía del partido en la Asamblea de Madrid, Antero Ruiz, ha denunciado estos últimos días el "desprecio" del Gobierno regional al pequeño y mediano comercio al plantear esta ley, que considera "una barbaridad" ya que supone un "fuerte varapalo" para el pequeño y mediano comercio que, a su juicio, ya se encuentra en una situación "muy delicada" tras las últimas medidas liberalizadoras.

Además, consideró que está "hecho a medida de las grandes superficies y que tiene en cuenta sólo sus intereses". "Cuando el Gobierno Aguirre dice que buscará el consenso con los empresarios del sector, se refiere sólo a los grandes", apostilló Ruiz.