En España, el fraude provocado por el hecho de que ciudadanos españoles paguen sus impuestos en paraísos fiscales es mínimo, según fuentes de la Agencia Tributaria. "No suelen darse muchos casos", afirman, y "si la Agencia sospecha que están trabajando y residiendo en España" al tiempo que pagan sus impuestos en el extranjero, "se investiga", nos cuentan las citadas fuentes. La pasada semana, los Inspectores de Hacienda propusieron vetar en las selecciones nacionales a los deportistas que paguen impuestos en este tipo de lugares.

En realidad, el hecho de que un contribuyente pague sus impuestos en un paraíso fiscal no constituye un delito por sí mismo. La infracción se produce cuando el ciudadano que paga los impuestos en alguno de estos lugares no reside en el mismo, a pesar de que haya fijado su residencia legal allí, algo necesario para poder rendir cuentas al fisco de estos países con ventajas fiscales considerables frente, por ejemplo, al nuestro.

En el mundo existen "48 territorios, según la legislación española" calificados como paraísos fiscales, entre los que se encuentran Andorra o Liechtenstein. Según nos cuenta el profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Navarra (UNAV), Antonio Vázquez del Rey, estos lugares se caracterizan por ser "territorios de baja o nula tributación", que además suelen caracterizarse por "su opacidad a la hora de proporcionar información a las Administraciones de otros países".

Es por ello que muchos individuos con una gran riqueza acumulada deciden fijar su residencia y, por tanto, pagar impuestos, en un paraíso fiscal. En España, según José María Pelaez, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, que agrupa al 90% del sector, muchos deportistas y artistas famosos deciden hacerlo, y utilizar esta práctica "para evadir impuestos" cuando en realidad su residencia real se encuentra en nuestro país.

El profesor Vázquez del Rey opina de la misma manera, al afirmar que "la proliferación de los paraísos fiscales permite intuir su éxito a escala internacional", aunque califica la medida propuesta por los Inspectores de Hacienda como "un tanto desproporcionada". Del Rey asegura que España cuenta con un sistema tributario "avanzado" con "numerosas reglas antiparaíso", aunque el problema está en que su aplicación pasa "necesariamente" por la colaboración de la administración extranjera de turno, que a su vez "vende a sus clientes la opacidad como uno de sus principales atractivos".

Derechos de imagen

José María Pelaez, por su parte, no cree que la normativa esté lo suficientemente desarrollada e indica, al contrario que la Agencia Tributaria, que la mayor parte de deportistas y artistas que cobran en nuestro país pero no residen legalmente ni pagan tributos en el mismo "se aprovechan de la movilidad de sus profesiones" para pagar menos impuestos. Además, dentro del colectivo de deportistas, "existen deportes más proclives a este tipo de fraudes", como el tenis o el motociclismo, que disfrutan de una mayor movilidad.

Sin embargo, en el caso del balompié, es más complicado que los futbolistas que juegan en equipos españoles se puedan empadronar en un paraíso fiscal, ya que cada fin de semana tienen que competir en nuestro país y entrenar todas las semanas, por lo que resulta más complicado demostrar que su residencia real se encuentra fuera de España. En cambio, el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda afirma que el tipo de fraude es distinto en estos deportes, y "se hace a través de los derechos de imagen".

La mayor parte del sueldo de un futbolista proviene de sus derechos de imagen, que "en muchas ocasiones" son pagados por el club a una sociedad sita en alguno de los paraísos fiscales existentes. En estos casos, el deportista, por tanto, declararía en España y pagaría impuestos por la parte de su sueldo que cobra en nuestro país, algo que sería totalmente legal, y recibiría el resto de su salario -la parte correspondiente a derechos de imagen- a través de este tipo de sociedades con residencia fiscal en algún país-paraíso. Como una de las características de estos lugares es la poca transparencia, el titular de la compañía que recibe estos pagos no sería facilitado al país de origen del futbolista, por lo que un posible fraude se convertiría en algo muy difícil de demostrar.

Persecución del fraude

A pesar de que José María Pelaez no cree que exista "una voluntad internacional de acabar con este tipo de fiscalidades", éste nos asegura que en España se están tomando algunas medidas para intentar atajar el fraude derivado de ellos. Por ejemplo con el nuevo IRPF, el concepto de residencia cambia: "hasta ahora -afirma el inspector- se consideraba residente en el extranjero a alguien que estuviera empadronado fuera, hasta que alguien demostrara que pasaba en España 183 días al año" -lo que supondría residir en nuestro país-. A partir de la próxima declaración a Hacienda, las condiciones cambian, y "serán los que manifiesten que residen en paraísos fiscales los que tengan que demostrar que realmente viven allí", nos cuenta Pelaez.

La actuación internacional en torno a estos lugares es relativamente escasa. Según el presidente de los Inspectores, los paraísos fiscales se utilizan no sólo para evitar el cobro de impuestos de actividades legales, sino también para "otro tipo de actividades delictivas como el tráfico de drogas o el terrorismo". Según datos del FMI recogidos por la Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil en septiembre de 2004, la mitad de los flujos de capital internacionales transitan por los paraísos fiscales, o residen en ellos, y su actividad gestiona alrededor del 20% de la riqueza privada mundial.

Según este informe, los efectos perniciosos que generan los paraísos fiscales contribuyen a la ruptura del equilibrio de la economía mundial, ya que "facilitan el fraude y la evasión fiscal de grandes fortunas, muchas generadas mediante negocios lícitos", posibilitan el blanqueo de capitales de origen ilícito y en ocasiones se utilizan como medio para financiar el terrorismo. Por ejemplo, las operaciones policiales de mayo de 2002, según el citado estudio de la Guardia Civil, revelaron que la banda terrorista ETA blanqueó importantes sumas de dinero, procedentes del denominado impuesto revolucionario y de los rescates por secuestro, mediante un entramado de empresas residenciadas en paraísos fiscales.