El Parlamento Europeo ha solicitado a todos los Estados miembros de la UE que el salario mínimo sea "digno", tras criticar que en la actualidad las cantidades fijadas en algunos países son "muy bajas", según un un informe parlamentario que rechaza el recurrente argumento sobre las posibles consecuencias negativas para la creación de empleo de un aumento de este tipo de remuneraciones mínimas.

La Eurocámara pide a los Veintisiete en el citado informe "mayores esfuerzos para combatir la pobreza y la exclusión social" para que el trabajo sea "viable desde el punto de vista financiero". Aunque no da cifras, el texto constata que en muchos países de la UE dicho salario mínimo está fijado en un nivel "muy bajo".

En concreto, y según los últimos datos publicados por la oficina estadística de la UE, Eurostat, correspondientes al pasado mes de enero, Bulgaria es el país cuyo salario mínimo es menor -92 euros mensuales- frente a los 1.570 de Luxemburgo. Las diferencias entre estados son notables, y entre los miembros comunitarios con menor sueldo mínimo se encuentran, además de Bulgaria, Rumanía, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Estonia, Polonia, Hungría y República Checa, donde este tipo de prestación no supera los 300 euros al mes.

2010, Año Europeo de la lucha contra la pobreza

España, Portugal, Eslovenia, Malta y Grecia, por su parte, cuentan con un sueldo mínimo que oscila entre los 400 y los 700 euros mensuales. El SMI español sólo supera al portugués dentro de la UE-15, pero está por encima de la mayoría de los países que ingresaron en la Unión en 2004. El grupo de países europeos con mayor salario mínimo -más de 1.200 euros mensuales- lo componen, además de Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Francia.

Los eurodiputados también rechazaron, en defensa de un SMI digno, el argumento de que la instauración del mismo "disuade la creación de empleo por parte de los empresarios" y consideraron "vital" que los trabajadores puedan acceder a "una red de seguridad que les garantice unos ingresos mínimos".

Con motivo de la declaración de 2010 como Año Europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el informe recuerda que éstos son "valores básicos" de la UE, que también consagra "los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su origen étnico, edad, sexo, discapacidad, orientación sexual y religión".