El magistrado Fernando Ferrín Calamita, juzgado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia como autor de un delito de prevaricación por retrasar la adopción de una menor por una lesbiana, dijo hoy que si se le expulsa de la carrera, "seguro que Dios me tendrá preparado un trabajo mejor".
Estas afirmaciones las pronunció al hacer uso de su derecho a la última palabra en la última sesión del juicio seguido contra él y en la que tanto el fiscal como la acusación particular dejaron abierta la puerta a que pueda ser condenado como autor de este delito en su forma culposa, es decir, cometido sin intención.
Durante su intervención, Ferrín Calamita, que rompió a llorar en los minutos finales de la misma, pidió su absolución y que se le "reponga de inmediato" en el Juzgado de Familia en el que se encuentra suspendido de empleo y sueldo desde hace un año.
El juez acusado de prevaricación negó haber actuado en este expediente de adopción movido por sus creencias religiosas, y repitió en varias ocasiones que "siempre velé por el interés de la menor, que deseo que crezca feliz".
El juez dice que actuó sin malicia
"Nunca quise perjudicar a la madre adoptante ni a la madre biológica, y en ningún momento traté de retirar a la niña de su madre" y negó que hubiera tenido intención de dilatar este caso, "por lo que no se puede decir que se ha producido un retardo malicioso ni cualquier otro delito".
El magistrado admitió que no obró correctamente al indicar a la madre adoptante que debía acudir con un procurador, que en este tipo de casos no hace falta, aunque comentó que "esto podría ser una irregularidad procesal, pero nunca un delito".
En cuanto a ordenar la realización de un informe de idoneidad a la madre biológica, que legalmente no es necesario cuando se trata de adoptar al hijo del consorte, indicó que "esa providencia la firmé en barbecho, porque nunca tuve intención de hacerlo", derivando la iniciativa a las funcionarias de su Juzgado. Defendió también la oportunidad de nombrar a la pequeña un defensor judicial, para lo que designó a la Dirección General de Familia de la Comunidad Autónoma "porque era compatible con la actuación del fiscal y porque era sólo para que pudiera proponer pruebas".
18 años de inhabilitación
Esta última sesión de la vista oral, abierta el 24 de noviembre, comenzó con la declaración como testigo de una funcionaria que cuando ocurrieron los hechos se encontraba en el juzgado de Ferrín, M.V.L., quien declaró sobre la autoría de la providencia en la que se disponía realizar un informe de idoneidad sobre las dos mujeres.
La testigo señaló a la Sala que "no recuerdo si la redacté yo, pero, en cualquier caso, me limité a seguir las instrucciones del juez y del secretario, no actué por criterio propio". Tras esta prueba, el fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que solicita, por un delito de prevaricación, 18 años de inhabilitación, multa y una indemnización de 18.000 euros, aunque hoy señaló que admitiría una condena en su forma culposa, castigada con pena inferior.
Por su parte la acusación particular mantuvo su solicitud de pena de cuatro años de inhabilitación y multa por el mismo delito, aunque subsidiariamente propuso otras formas delictivas, como prevaricación por retardo malicioso o prevaricación continuada, e incluso prevaricación culposa. El fiscal señaló en su informe que "no se ha juzgado a un magistrado por su ideología, sino por no haber respetado su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico".
Violaciones de las normas jurídicas
"El juez -dijo en otro momento el fiscal- afirma que actuó en interés de la menor, pero lo que no puede hacer es lo que hizo, suplir la voluntad de la ley por la suya propia" y añadió que "en este caso se produjeron unas flagrantes violaciones de las normas jurídicas, por lo que hay que decir que hubo un dolo específico, una voluntad de incumplir el ordenamiento jurídico".
La acusación particular citó hasta ocho resoluciones del magistrado que en su criterio eran "prevaricadoras", entre ellas el auto de abril del 2007 por el que nombró el defensor judicial y la providencia que ordenaba el examen de idoneidad de la madre biológica. La defensa pidió la absolución de Ferrín Calamita tras argumentar que siempre obró según la ley y dentro de las potestades que tenía encomendadas como juez de Familia, aunque admitió que el acuerdo de exigir un procurador de los tribunales "pudo ser una irregularidad procesal, pero nunca un delito".
"Lo que hizo estuvo ajustado a Derecho, como lo demuestra que la discriminación de la que se le acusa no ha sido probada en este juicio, ni tampoco la supuesta homofobia, además de que el fiscal del Juzgado nunca recurrió sus resoluciones".
