El juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita seguirá suspendido de sus funciones. El pleno del Consejo General del Poder Judicial  ha rechazado levantarle la sanción que reduce su salario mensual a 1.200 euros.  El Consejo decidió sancionar a Calamita después de que el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad admitiera  la querella que presentó una mujer acusándole de retrasar "de manera maliciosa" el expediente para que pudiera adoptar a la hija de su esposa.

El expediente que han rechazado los evocales incluye un escrito del propio Ferrín Calamita en el que el juez lamenta su precaria situación económica tras haber sido suspendido y asegura que se le está "condenando a trabajar en la economía sumergida" para poder dar de comer a su familia, compuesta por nueve miembros.

Ferrín Calamita aseguraba en su escrito que los 1.200 euros que cobrará mientras siga suspendido apenas le dan para los gastos de alimentación de su familia, que los bancos no le conceden créditos en estas circunstancias y que, al seguir siendo juez, está sujeto a un régimen de incompatibilidades que le impide ganarse la vida.

"El interés general no impide que pueda seguir cobrando mis haberes hasta que haya sentencia. Es que si no, puedo estar en esta terrible situación más de tres años", lamenta Ferrín en su escrito pues pronostica que, diga lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Murcia sobre su caso, lo más probable es que tenga que ser en el Supremo donde finalmente se resuelva el asunto, informa Europa Press. El juicio comenzará el 24 de noviembre.

Se siente discriminado

"Tengo la conciencia muy tranquila y sé que no he cometido ningún delito. Ahora bien, desde otros parámetros meta-jurídicos evidentemente ya no puedo estar seguro", agrega Ferrín Calamita. El juez alega que, en este caso, se pretenden juzgar sus creencias religiosas "cuando las estadísticas dicen que más del 90% de los españoles se reconocen católicos".

Ferrín Calamita se siente discriminado frente a resoluciones del CGPJ que afectan a otros magistrados por casos similares. Por ejemplo, el de la jueza de Málaga Pilar Caracuel Raya. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitió a trámite una denuncia de prevaricación relacionada con un negocio de compraventa de fincas. Sin embargo, el CGPJ posterga su posible sanción hasta que xista un eventual juicio contra ella.

"Como se ve, es un caso idéntico al mío", alega Ferrín Calamita, que a tribuye esta diferencia a que Caracuel pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (de carácter conservador), mientras que él no está afiliado a ninguna asociación."Me han dicho altos cargos judiciales que me afilie a la APM que las cosas cambiarían, pero me resisto a creer en tal politización de la justicia", agrega el sancionado.

El juez de Murcia pedía que se deje sin efecto la medida de suspensión de empleo y sueldo dictada contra él, al igual que el anterior consejo hizo con la juez de Denia (Alicante)  Laura Alabau, que fue sancionada con 305 euros por señalar que la Fiscalía se había convertido en un simple apéndice del Gobierno en lo que se refería a la defensa de los matrimonios entre personas del mismo sexo.