El respaldo de los jueces a los secretarios judiciales destapó ayer una laguna legal que afecta a la judicatura e hizo plantearse a propios y extraños si los magistrados tienen derecho a declararse en huelga. En realidad, no hay una respuesta categórica, ya que ni la Constitución ni su propio reglamento contemplan ese derecho, pero los jueces han sabido cómo salirse con la suya para poder cruzarse de brazos sin ser apercibidos por ello.

La primera amenaza de plante partió de los secretarios, en solidaridad con su compañera Juana Gálvez, suspendida con dos años de empleo y sueldo por negligencias y retrasos en la ejecución de la sentencia que condenó a Santiago del Valle (presunto asesino de Mari Luz Cortés) por abusar de su propia hija. A ella se sumaron los jueces, quienes criticaron las presiones del Gobierno para agravar la sanción impuesta al juez Rafael Tirado, que recibió una multa de 1.500 euros por no ejecutar la misma sentencia.

Esta tesis es contraria a la del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, crítico con el paro porque, en su opinión, tenía como objetivo forzar al Consejo General del Poder Judicial para que no modificase su castigo a Tirado. Pero los jueces han negado que utilizasen un subterfugio para unirse a los secretarios y paralizar la actividad de los juzgados.

Así, convocaron en todo el país juntas de jueces, quienes interrumpieron sus tareas durante la mañana de ayer para celebrar reuniones en las que denunciaron las presiones políticas y reclamaron más medios para llevar a cabo su trabajo. Los jueces justificaron el parón con la huelga de los secretarios y dejaron caer que sin ellos no podrían desempeñar sus funciones. Pese a la abultada incidencia de las protestas (secundadas por un 90% de los secretarios, aunque el Ministerio rebajó la cifra al 73%), hubo secretarios que sí se presentaron a sus puestos de trabajo, pero la ausencia de jueces provocó la suspensión de algunos juicios, informó EFE.

Llámalo paro, huelga encubierta o irse de junta

Si los propios jueces no emplearon la palabra huelga y no hay texto que contemple el derecho a la misma, ¿cómo denominar entonces su decisión de parar las máquinas judiciales durante tres horas? Bermejo habló de "huelga encubierta", mientras ellos lo calificaron de "paro". Sea como fuere, entre un concepto y otro anida un profundo vacío legal.

La Constitución no prohíbe ni otorga el derecho de los jueces a la huelga. Su propio reglamento tampoco encara la disyuntiva. "No hay nada que lo impida", explica el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, quien reconoce que existe un "vacío total" que "obliga a interpretaciones". Algunos llegan a negar incluso su legitimidad para interrumpir la actividad.

División y ausencia de poderes 

"El derecho a la huelga no está regulado y nadie ha querido abordarlo de ninguna manera", critica Gimeno. Como funcionarios públicos, no habría razón alguna para que no pudiesen cruzarse de brazos en señal de protesta, al igual que cualquier otro de la administración pública. Sin embargo, matiza el portavoz de la asociación, "son un poder del Estado, por lo que no parece razonable que se declaren en huelga y durante un momento determinado no haya Poder Judicial".

Al dejar a un lado la teoría y pasar a su aplicación práctica, el asunto se complica todavía más. "Si admitiéramos que existe un derecho a la huelga, se nos plantearían necesariamente unas regulaciones tremendas sobre qué son los servicios mínimos, quién sustituye a los huelguistas, etcétera. Eso habría que regularlo y exige muchas cautelas, pero si en los países de nuestro entorno los jueces han hecho huelgas, no veo por qué razón no podemos hacerlas en España", razona.

Temor a reformar la ley

Su colega Lorenzo del Río comparte su visión del vacío legal existente y la ausencia de una norma específica que lo regule. "Hay muchísimas dudas sobre esa materia, incluso en el propio CGPJ". ¿Pero por qué nunca se ha abordado este asunto? "Las fuerzas parlamentarias no han llegado a un consenso porque hay miedo escénico", comenta el portavoz de la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, para quien "no es malo que los jueces expresen de una forma correcta, razonable y responsable las carencias que tienen, pero sin que afecte al servicio".

En ese sentido, ambos insisten en que no ha habido presiones corporativas. "Se ha tratado simplemente de una expresión de los jueces", matiza Del Río. "Si el paro diese lugar a la suspensión de algún tipo de procedimiento judicial, desde luego hablaríamos de una huelga encubierta". Salvo excepciones, no ha sido así, quieren dejar claro, a la vez que rechazan las acusaciones de oportunismo a la hora de mostrar su descontento, descargando su responsabilidad sobre los secretarios y ejerciendo de huelguistas secundarios.

Por ello, Gimeno desecha la interpretación que ha hecho el Gobierno del paro porque, precisamente, los jueces aprovecharon que la actividad en los juzgados ya había sido bloqueada por la huelga de los secretarios. "Difícilmente podía haber algún tipo de actuación judicial, porque para que existiese tenía que haber un secretario presente. Y los secretarios estaban en huelga".

La sombra del juez Tirado 

"El paro no ha estado relacionado con el caso Tirado, como se quiere hacer ver, sino con las injerencias políticas que enturbian las reglas democráticas y con las carencias del sistema judicial. Sí ha podido ser el detonante, pero por el fondo, no por el tema en sí. Otros jueces son a veces sancionados disciplinariamente y nunca hemos contestado a nada", añade Del Río. 

Finalmente, Gimeno considera que ahora las administraciones se tienen que poner manos a la obra para resolver éste y otros problemas que atañen a la Justicia. Ya no sólo la cuestión del derecho de los jueces a la huelga, sino la de las hipotéticas consecuencias de la dejación de sus funciones. Porque, si incurriesen en un delito, ¿quién debería juzgar a un juez que no juzga?