Los secretarios judiciales de toda España han pedido la dimisión del Ministro de Justicia, Rafael Bernejo. Entre ellos, un n centenar de secretarios judiciales de la provincia de Sevilla, que hoy secundan el paro de sus compañeros convocado en toda España , han pedido la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Se han parado en la puerta del juzgado de Sevilla con una pancarta.  Entre ellos, tras el letrero, Juana Gálvez, la secretaria del juzgado número 1, el de Rafael Tirado, que condenó a dos años y medio a Santiago del Valle por abusar de su propia hija pero nunca le metió en la cárcel.

El Ministerio de Justicia sancionó a Gálvez con dos años y medio de suspensión de empleo y sueldo, por no haber ejecutado la sentencia contra el hombre que después asesinaría, presuntamente, a Mari Luz Cortés. Y esa fue la gota que colmó el vaso no sólo de sus compañeros, sino también de fiscales, que les han secundado, y de los jueces, que han convocado reuniones en toda España coincidiendo con sus secretarios para paralizar los tribunales hartos de injerencias gubernamentales y de que se les responsabilice sólo a ellos del mal funcionamiento de un sistema judicial sin recursos.

"Me encuentro mal, pero arropada por mis compañeros", dijo Gálvez. A la concentración han asistido practicamente el centenar de secretarios de Sevilla y provincia excepto los tres que están cumpliendo los servicios mínimos.

Los secretarios judiciales acusan a Bermejo de ser el verdadero responsable de la situación  que provocó el 'caso Mari Luz' y de "usar como cortina de humo de las carencias de la Administración" la sanción de dos años a su compañera.

Los portavoces de las dos asociaciones convocantes, elColegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Rafael Lara y Margarita Martínez leyeron un comunicado ante el edificio de los Juzgados de Instrucción de Madrid para manifestar su apoyo, "tanto legal, como profesional y económico" a su compañera en caso de que opte por recurrir la sanción recibida y para que "se esclarezca la verdad y las responsabilidades, evitando que sirva de cortina de humo de las reales carencias de la Administración".

Según denuncian, eso es lo que pretende el ministro y pidieron su cese "por no asumir sus responsabilidades". Advirtieron, además,de que en la actual situación, errores como los que desencadenaron que el presunto asesino de Mari Luz no ingresara nunca en prisión "podrían reproducirse". Según ellos, se ha utilizado a Juana Gálvez "para encubrir la ausencia de reformas modernizadoras de la Justicia a las que está obligado el Ministerio desde la Ley Orgánica del 2003, hace cinco años".

Tras meses de presiones sobre el Consejo General del Poder Judicial, GPJ para que expulsase de la carrera judicial a Rafael Tirado cuando ni siquiera había resesuelto su expediente,  hoy Fernández Bermejo ha acusado a los jueces de querer presionar al Consejo  para que no cambie la sanción impuesta al juez (una multa de 1.500 euros por falta grave de desatención), recurrida por la Fiscalía General del Estado que quiere que pierda su empleo. "Si alguien pretende ser intocable, no lo va a conseguir", dijo Bermejo. "En un Estado de Derecho, cuando se incurre en una negligencia tan grave, funcionan los mecanismos y se sanciona", apuntó.

Los jueces han convocado hoy reuniones en toda España, coincidiendo con los paros de los secretarios judiciales. Según Bermejo, el Gobierno tiene el legítimo derecho" a no estar de acuerdo con la sanción de Tirado (una vez impuesta, no se refirió a sus manifestaciones anteriores). "No le parece razonable que la consecuencia sea una huelga encubierta", acusó el ministro.

Además, acusó a los secretarios judiciales de practicar un corporativismo "difícilmente explicable en términos de racionalidad". "No se trata de algo desproporcionado, sino de algo inexplicable", remató.

Protestas de los jueces del Supremo y la Audiencia Nacional

Los seis jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional han decidido proponer al CGPJ "la adopción de medidas adecuadas para garantizar al ciudadano una Justicia de calidad" y evitar, ante el "exceso" de trabajo, "situaciones de riesgo y de lesión real" para el ciudadano y para el profesional, como ocurrió con el caso Mari Luz.

Tras reunirse este mediodía en Junta, los jueces han emitido un comunicado en el aseguran que el "actual exceso de trabajo" resulta "inasumible con el personal y los precarios medios asignados por las distintas Administraciones central y autonómicas competentes para aportarlos" y, por ello, reclaman medidas para frenar esta situación.

Los magistrados suscriben además el acuerdo alcanzado a principios de este mes por los jueces decanos de toda España en el que denunciaron "las constantes injerencias de los responsables políticos" en las decisiones del CGPJ, como la sanción que debe imponer al juez  Tirado por no ejecutar una condena al presunto asesino de la niña.

Asimismo, cuarenta y seis magistrados del Tribunal Supremo firmaron un manifiesto en el que tildan de "intolerables" las "presiones" políticas en el caso Mari Luz y piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no atienda a las demandas de una sanción "ejemplarizante" para el juez Rafael Tirado.

El texto no ha sido firmado por ninguno de los 34 magistrados de la sala de lo Contencioso-Administrativo, que previsiblemente tendrá que resolver sobre la sanción a Tirado, pero sí ha sido suscrito por 46 de los 60 jueces que integran las otras cuatro salas del alto tribunal.

En el manifiesto, que justifican en el "estado de opinión" creado en torno al expediente a Tirado y las "manifestaciones inaceptables de relevantes sujetos públicos" sobre el caso, los magistrados manifiestan que respetar la autonomía del CGPJ es un deber constitucional y que esto "hace intolerable todo intento de ejercer presión sobre el mismo con el fin de predeterminar su criterio".

La opinión del padre

Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, también ha opinado. Para él, el paro de los secretarios judiciales es una "absoluta irresponsabilidad"  y además una iniciativa "injusta". Cortés considera que las "consecuencias de los errores de estos funcionarios las pagamos todos los ciudadanos".

"La Justicia ha de estar para el beneficio de la ciudadanía y no para que se manifiesten cuando se le imponga una sanción a un compañero que, como en este caso, es justificada y justa", sentencia el padre de Mari Luz.

Además ha recordado que, como todos los colectivos profesionales, éste "está sometido a medidas disciplinarias y han de acogerse a ellas".También ha atribuido el paro que están secundando hoy los secretarios judiciales al "corporativismo" que existe en los estamentos judiciales.