Entre las 10 y las 13 horas de este martes, la Justicia echará el freno (ver cartel de la convocatoria aquí). No se celebrarán juicios, ni se tomarán declaraciones, ni otras diligencias que requieran la intervención activa de un secretario judicial. Porque este gremio parará su quehacer diario para gritarle al Gobierno que rechazan cualquier injerencia política en su labor. Como ellos, habrá fiscales y jueces que decidan protestar por las sucesivas manifestaciones de dirigentes políticos que han venido jalonando todo el caso Mari Luz Cortés.

De hecho, los jueces han convocado para esta mañana juntas de jueces, coincidiendo con el paro de los secretarios, porque -según la asociación mayoritaria de la carrera judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- "las intromisiones en los ámbitos jurisdiccional y de gobierno del Poder Judicial se han venido produciendo en los últimos meses hasta alcanzar cotas de intensidad extraordinarias y hasta ahora desconocidas". 

Para repeler esa huelga de colectivos judiciales que tacha de "corporativista", el Ministerio de Mariano Fernández Bermejo había fijado en el 30% los servicios mínimos, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los ha anulado por una resolución cautelar.

Según un comunicado remitido a las 17.45 por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (convocante del paro junto a la Unión Progresista de Secretarios Judiciales) "los servicios mínimos únicamente comprenderán a los secretarios judiciales destinados en órganos constituidos en servicio de guardia".

De esta manera, se evitan unos servicios mínimos que el propio Colegio había calificado de  "inaceptables". "Con ellos se quiere boicotear la protesta e impedir a los secretarios ejercer su derecho de huelga", explicaban.

El Colegio ha informado a ADN.es de que hoy a las 12.15 y frente a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, un representante del sector dará lectura a un manifiesto en el que se dejará constancia de su malestar por todo lo sucedido desde que se destapasen las anomalías judiciales cometidas en el caso Mari Luz. 

Incluso los 41 secretarios de las Salas de lo Penal, Social y Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional secundarán el paro, aunque según han confirmado fuentes jurídicas no afectará a los juiccio previstos en los que haya presos. Las mismas fuentes han indicado que los jueces de instrucción organizarán el trabajo de sus juzgado para que remita el efecto del parón de los secretarios. 

Un antes y un después

El caso de la niña onubense de cinco años supuso un antes y un después en la visión que la ciudadanía tenía del funcionamiento de la Justicia en España. Su asesinato y la puesta en libertad meses antes de su presunto responsable por el juez de lo Penal en Sevilla,Rafael Tirado, sacaron a la luz una cadena de errores a raíz de la sobrecarga de trabajo que pesaba en los tribunales; o de carencias tan alarmantes como la falta de un Registro Nacional de Pederastas o de un sistema informatizado al nivel que se espera para una Justicia del siglo XXI. 

Pero también supuso para muchos un punto de inflexión en las palabras que vertían responsables del Ejecutivo estatal en las labores meramente judiciales. Así sucedió primero cuando se conoció la  "leve" sanción económica de 1.500 euros que el máximo órgano rector de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso al juez Tirado, que condenó a Santiago del Valle, presunto asesino de la niña, por abusar de su propia hija, pero que no llegó a ejecutar la condena. Esta multa está recurrida por la Fiscalía, y el Ejecutivo -con el ministro del ramo a la cabeza- no ha dejado de presionar para que la resolución final sea de falta muy grave para el magistrado. 

Más tarde, la secretaria judicial del mismo Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, recibió un varapalo más contundente. Dos años de suspensión de empleo y sueldo por ausentarse de su trabajo y habéserle colado el expediente de Del Valle. Justo o injusto el castigo, sus compañeros se han puesto en pie de guerra y saldrán hoy en su apoyo con el paro organizado en toda España.

Sus razones, que han explicado en un comunicado público (que puedes leer completo aquí), van desde el respaldo a su colega en Sevilla, a la utilización como "chivo expiatorio" que el Ministerio de Justicia ha hecho de su trabajo. También se quejan de la insuficiencia de medios y recursos para hacer frente a su labor y de la necesidad de reformar las leyes provesales. 

El Ministerio de Justicia ha querido dar carpetazo a estos reproches recordando que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 habrá 145 millones de euros más en la partida de Justicia que en el presente ejercicio y que ya está en trámites tanto la reforma de la legislación procesal como la creación de la Nueva Oficina Judicial. 

"Que todos los jueces acudan a las juntas convocadas"

Eso en lo que respecta a intentar callar a los secretarios. Pero... ¿y los jueces? El recién estrenado del CGPJ, Carlos Dívar, se ha reunido esta mañana con los representantes de las dos principales asociaciones de la carrera judicial -la APM, de corte conservador y a la que pertenecía Tirado, y Jueces para la Democracia, de orientación progesista, además de Francisco de Vitoria (AFV) y Foro Judicial Independiente- para abordar el alcance de las juntas de jueces que los decanos de toda España acordaron se celebrarían el mismo día 21, durante las horas de paro de los secretarios judiciales. 

Dívar se ha comprometido con las asociaciones judiciales y con una delegación de 14 jueces decanos de toda España a "liderar" sus reclamaciones por las deficiencias estructurales y falta de medios que sufre la Justicia española frente al Ejecutivo central y aquellas autonomías con competencias en este ámbito, así como a defender la independencia del Poder Judicial ante cualquier injerencia desde ámbitos políticos, con la intención de que esas reivindicaciones "se hagan realidad".

Así lo señaló hoy la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que aclaró que durante la reunión no se ha pedido en ningún caso a los jueces que renuncien a la celebración de las juntas, ni se les ha hecho ninguna advertencia al respecto, ya que "la finalidad del Consejo no es la de fiscalizar ni controlar" estos órganos y confían "en la alta responsabilidad de los jueces en el cumplimiento de los requisitos legales".

"Hemos apelado a la responsabilidad de los jueces que van a celebrar las juntas, pero ello no debe considerarse un mecanismo de presión", ha insistido Bravo. Según fuentes del Consejo, Dívar no estuvo presente durante el transcurso completo de las reuniones, algo que sí hicieron Bravo y otros vocales, como Miguel Collado, y se limitó a solicitar a los jueces que sus convocatorias de mañana no perjudiquen el desarrolla del servicio público. Además, Bravo ha negado que pueda hablarse de una situación de "caos" en la Justicia.

Las juntas de jueces convocadas este martes en los tribunales de toda España tratarán de establecer una delimitación de la carga de trabajo que puede asumir cada órgano, analizarán cuántos juzgados necesita cada partido judicial y expresarán su rechazo a las injerencias políticas.

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ha explicado que en la junta de mañana propondrá que se delimite claramente el volumen real de trabajo y que cuando esa carga supere los módulos establecidos "los casos que entren ni se archiven ni se repartan".

Correos internos entre los jueces

Por su parte, la APM emitió ayer un comunicado en el que muestra su "más firme apoyo" a esa decisión y asegura que, pese a admitir la "irresponsabilidad del juez Tirado", incide en que "los jueces no constituyen en los órganos judiciales seres omnipotentes y omnipresentes, por lo que su función no anula ni por supuesto les atribuye el deber de control o vigilancia de las funciones que corresponden al personal" de las salas. Animan, por último, a todos los magistrados "a que concurran a las juntas que han sido convocadas".

Una arenga que echa humo también en la intranet de la red judicial, donde, a través de correos electrónicos, los jueces dan constancia de su indignación con las injerencias políticas en su trabajo "independiente", por lo que se presupone entre los magistrados una movilización masiva para el día de hoy.