En 2002, el juez Rafael Tirado condenó a Santiago del Valle a 21 meses y 15 días de prisión por abusar sexualmente de su propia hija, una niña que entonces tenía 5 años. El pederasta recurrió y la sentencia se quedó parada casi tres años en la Audiencia Provincial de Sevilla, que confirmó la condena el 30 de diciembre de 2005. Entonces el juez Tirado ordenó su ejecución.

Pero lo que a partir de ese momento hizo (y no hizo) su juzgado, el número 1 de Sevilla, no fue suficiente para encarcelar a Del Valle. Durante dos años y dos meses circularon algunas diligencias que durante meses criaron polvo. Nunca se emitió una orden de busca y captura. Cuando en marzo de 2008, seis años después de la primera condena, el Fiscal estima por fin, a petición del juez, que es procedente detener a ese hombre, la niña Mari Luz Cortés llevaba dos meses muerta.

Hoy, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá cual es la responsabilidad de ese juez y, con ello, su futuro. De momento, no hay acuerdo. Wenceslao Olea, que ha instruido el expediente contra él, considera que es responsable de una "falta grave" que merece una multa de 1.502 euros. Para la Fiscalía, en cambio, el juez cometió una  infracción "muy grave", por la que podría ser sancionado con la suspensión por hasta tres años, traslado forzoso o incluso separación de la carrera judicial.

El instructor, según figura en el expediente al que ha tenido acceso ADN.es, considera que lo úunico que puede reprocharse al juez es "no haber prestado mayor atención" a los funcionarios encargados de tramitar las ejecutorias, un negociado que se encontraba "colapsado". En una exposición absolutamente falta de claridad y en ocasiones contradictoria, Olea justifica el retraso en la cantidad de trabajo del juzgado y las circunstancias de su plantilla, pero admite también que el juez estaba obligado a adoptar medidas especiales de vigilancia y control para para evitarlo.

El fiscal, en cambio, cree que lo procedente habría sido "ordenar la busca y captura del penado Santiago del Valle", algo que nunca se hizo "La función jurisdiccional comprende no sólo el deber de juzgar sino también el de ejecutar lo juzgado", recuerda la Fiscalía. "Aunque es cierto que en la práctica intervienen en la ejecución de sentencias los distintos integrantes de la oficina judicial, el juez tiene la obligación de controlar y dirigir la actividad procesal para que se lleve a efecto la sentencia", concluye.

¿Qué ocurrirá?

Si la comisión disciplinaria cree que los hechos constituyen una falta grave, como cree el instructor, le impondrá como mucho una multa de 3.000 euros. En ese caso, la Fiscalía previsiblemente se opondrá y recurrirá ante el pleno del CGPJ, que decidiría sobre ese recurso en menos de un mes.

Pero si hoy se concluye que la falta es muy grave, como dice el fiscal, tendrá que remitir el asunto al pleno que es el competente para imponer la sanción.

Las presiones del Gobierno

Las presiones sobre el máximo órgano de gobierno de los jueces para que dicte un castigo ejemplar contra Tirado no han cesado desde el día en que se abrió expediente contra él. El Gobierno quiere que el CGPJ expulse al juez de la de la carrera. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha llegado a decir que la sanción que pide el fiscal por una falta muy grave para él  "defiende mejor los intereses generales" que la que propone el instructor del expediente. 

Y no es la primera vez que el Ejecutivo trata de orientar la los jueces en este asunto. A finales de junio, la vicepresidenta del Gobierno Maria Teresa Fernández de la Vega aseguró que la Fiscalía General del Estado recurrirá si el CGPJ sólo impone una multa a Tirado porque la sociedad "no lo entendería". El portavoz del CGPJ, Enrique López, consideró en ese momento la actitud de la vicepresidenta como una clara injerencia en el poder judicial. 

Antes de que los jueces tomaran ninguna decisión, la familia de la niña asesinada se manifestó en las puertas de los juzgados de Sevilla al grito de ¡Juez Tirado, asesino de Mari Luz!  La agresividad contra el magistrado fue tal que una asociación pro derechos del niño llegó a pedir que no se linche al juez y tuvo que recordar que la Administración tiene que asumir las carencias y fallos de su sistema en lugar de buscar un chivo expiatorio. "Esa actitud es explicable en el padre de Mari Luz, pero no en un responsable público", recordó el portavoz del CGPJ.

La responsabilidad de los demás

Ninguno de los que claman contra Tirado ha dicho ni una palabra acerca de los retrasos o errores de otras personas e instituciones que colaboraron a que el supuesto asesino de Mari Luz estuviera en la calle el día que la niña murió.

Empezando por los dos años y ocho meses que la Audiencia Provincial de Sevilla tardó en confirmar la sentencia que Tirado le impuso por abusar de su hija. El CGPJ también investigó por ese motivo a Javier González, el juez que tardó todo ese tiempo en hacerlo, pero archivó la causa en abril. No hubo manifestaciones de políticos ni de ciudadanos en la calle.

El CGPJ también archivó la causa que seguía  respecto de la magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, Esperanza Jiménez. Jiménez condenó en 2003 a Santiago del Valle a dos años de cárcel por abusar de una niña de 9 años. Sin embargo, no ejecutó la condena ya que condieró que, como el pederasta había recurrido la sentencia por abusar de su hija, "en ese momento no tenía antecedentes penales" y podía estar en la calle.

Tres semanas después de que Santiago del Valle fuera detenido, Jiménez ordenó que se encarcelara al pederasta ya que percibió "una mutación relevante en su peligrosidad", una peligrosidad que, en su momento, no advirtió en un hombre capaz de abusar de su propia hija y otras niñas, o no le pareció suficiente como para ordenar su inmediato ingreso en prisión. El máximo órgano de gobierno de los jueces tampoco la consideró responsable. Nadie salió a la calle a gritar que la jueza asesinó a Mari Luz.