7 de septiembre. El ministro de Sanidad, Bernat Soria desvela en una entrevista en El País, que el Ejecutivo planea regular el suicidio asistido en esta legislatura para que el enfermo en una situación de sufrimiento que lo desee reciba ayuda que facilite su muerte (sea por parte de un profesional médico o de una persona del círculo íntimo del paciente). Soria introduce un matiz: el paciente no tiene por qué ser necesariamente un enfermo terminal. El ministro explica, como en el caso del aborto, durante el próximo año una comisión de expertos -integrada por juristas, médicos, científicos y otros especialistas- estudiará la nueva regulación.

Pasado ese periodo, Sanidad trasladará el asunto al Ministerio de Justicia para abordar los cambios necesarios en el artículo 143 del Código Penal, que tipifica los delitos por "cooperación o participación" en la muerte de una persona. 

¿Qué es y qué no?

El suicidio asistido supone ayudar a un paciente en situación terminal o incurable a que ponga fin a su vida. Dotarle de los medios y herramientas necesarios para que el paciente reciba la asistencia que precisa para acabar con su vida, siempre a través de su consentimiento expreso del enfermo.

Es un término con matices diferentes a la eutanasia, que supone adelantar la hora de la muerte al mismo enfermo, pero cortando el tratamiento que estaba prolongando su vida o dejándole morir (eutanasia pasiva) o suministrándole sustancias mortíferas o medicación para acelerar su muerte (eutanasia activa).

"No entra en la agenda del PSOE"

9 de julio. Poco menos de dos meses antes, el mismo ministro de Sanidad aseguraba: "El suicidio asistido no está en la agenda del PSOE". Lo decía tres días después del 37º Congreso Federal del PSOE, en el que se había sembrado la idea de que el Gobierno abordaría la despenalización de la eutanasia.

El secretario de Organización del partido, José Blanco, había anunciado antes de la cita congresual que se trataría "el tema de la eutanasia con todas sus consecuencias". Pero Rodríguez Zapatero y los suyos pasaron de puntillas sobre el tema, y Soria dijo después que no había intención alguna de reabrir una discusión que viene de largo. 

Andalucía, en la brecha

¿Qué ha sucedido en estos dos meses? Fundamentalmente, hay dos elementos a tener en cuenta. El primero, hace sólo una semana Andalucía ha abierto una semana y de manera pionera el debate eutanásico. Será la primera que regule una Ley de Muerte Digna, que aprobará la próxima primavera, y prevé multas de hasta con un millón de euros el ensañamiento terapéutico o que el médico alargue "la agonía del enfermo" pese a que la situación del paciente sea irreversible.

En segundo lugar, según Bernat Soria, ahora el Ejecutivo socialista considera que "la sociedad es madura, moderna y está preparada" para encarrilar esta discusión sobre el suicidio asistido,

¿Cómo ha llegado el Gobierno hasta aquí?

Hasta ahora, el mismo Gobierno no había estimado que los ciudadanos estuvieran formalmente interesados. En su camino hasta abrir el debate, el PSOE dio un paso importante en el programa electoral de 2004, cuando en la página 34 se adelantaba que, de ganar, este partido promoverá "la creación de una Comisión en el Congreso de los Diputados que permita debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los aspectos relativos a su despenalización, el derecho a recibir cuidados paliativos y el desarrollo de tratamientos de dolor". No se hizo nada. 

En 2005, la asistencia del presidente del Gobierno y un puñado de sus ministros al estreno de la película Mar Adentro se interpretó como un aviso de que el PSOE preparaba su debut en la reglamentación de la eutanasia. Pero fue una señal de humo. 

Tras el fallecimiento en Valladolid en mayo de 2006 del pentapléjico Jorge León Escudero, de 53 años y que había pedido en numerosas ocasiones "una mano amiga" para dejar de vivir, la ministra Elena Salgado, antecesora de Soria en el cargo, despejó las dudas al ser interrogada sobre la intención del Gobierno de formalizar esa iniciativa de su programa. "No corresponde ahora", dijo tajante la titular de Sanidad.

No hubo ni un tímido intento en la pasada legislatura de acometer reformas puntuales en este aspecto. El Gobierno no se atrevió a abrir un flanco conflictivo que le enfrentaba directamente a la Iglesia y otros sectores sociales, en una época de relaciones muy convulsas con la institución católica. 

En las 317 páginas del programa con el que el Partido Socialista concurrió a las últimas elecciones, el 9 de marzo de este año, no correspondió tampoco recoger ni una sola palabra sobre eutanasia o suicidio asistido. Pese a ello, Soria inicia ahora el debate sobre el suicidio asistido y va un paso más allá al garantizar que el paciente no tendrá por qué ser terminal para que se le facilite la muerte.

Soria echa mano del legado de Sampedro

Y lo hace reproduciendo palabras que parece haber recogido directamente del legado de Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que se convirtió, tras 29 años postrado en una cama, en el auténtico abanderado de la causa eutanásica en España. 

"Tu cuerpo es tuyo y tú eres quien toma decisiones. Eso es socialista", dijo el pasado domingo el ministro de Sanidad, y "cualquiera tiene derecho a decir que no quiere ser sometido a tortura".

Sampedro dejó constancia de sus deseos en su testamento: "Vivir es un derecho, no una obligación". El marinero oriundo de Porto do Son (La Coruña) dejaba un recado a los jueces: "El único responsable de mis actos soy yo y solamente yo".

Sampedro es la Diane Pretty de Gran Bretaña o el Vincent Humbert de Francia. Todos ellos son la avanzadilla de países desarrollados que no saben bien cómo resolver el tema de la eutanasia. Por eso, según Soria, "ponerse de acuerdo en los términos" es lo primero que tiene que hacer la comisión de expertos que planteará la reforma del Código Penal a propósito de la legalización del suicidio asistido. También debe regular la laguna legal que queda en lo referente a la cooperación a la muerte de otra persona, como hizo Ramona Maneiro, la mano que reconoció haber puesto cerca de la boca de Sampedro el vaso con la mezcla letal de cinauro que acabó con la vida del gallego en enero de 1998. Maneiro admitió el delito 60 días después de que prescribió. El juez la absolvió. 

El único paso que quedaría es el de legalizar la intervención activa, la acción de provocar la muerte a una persona que lo desea en una situación penosa para él y que actualmente está tipificada en el capítulo de homicidios.