Amnistía Internacional (AI) ha denunciado hoy la "autocomplacencia" del Gobierno en la lucha contra la violencia doméstica, la falta de recursos empleados para combatir esta lacra y, sobre todo, que tres años después de la aprobación de la ley Integral "no haya ningún informe que evalúe su efectividad". 

Tres años después de la entrada en vigor de la ley integral contra la violencia de género, el 30% de las 71 mujeres asesinadas en 2007 había denunciado a su agresor y sólo el 4,6% de las que había solicitado una orden de protección la consiguió, según los datos de AI.

Estos datos explica por sí solos el mal funcionamiento de un sistema en el que "falla prácticamente todo" pero que, sin embargo, denuncia la organización, no ha sido evaluado por el Gobierno. Aunque esto no es exactamente así. Hace un año, el Observatorio Estatal de violencia sobre la Mujer elaboró un extenso informe (aquí, en  *.pdf), sobre el funcionamiento de la ley que incluía 80 medidas concretas para paliar el problema, algunas cuya puesta en marcha conllevaría un coste económico importantísimo y la implicación de todos los sectores sociales.

El informe, se fue derecho a la mesa del Consejo de Ministros, y el Gobierno se negó durante semanas a facilitar más que un somero resumen de la valoración, sin detallar las medidas, porque no se habían "aprobado". La batería de medidas, en bloque, jamás se aprobó.

Ahora, AI ha recogido todos los fallos de la ley y los ha plasmado en su informe Obstinada realidad, derechos pendientes, en el que muestra su preocupación por la situación de las víctimas de violencia machista, informa Efe.

Ana, un ejemplo de "inercia" policial 

El reciente caso de Ana, una adolescente colombiana de 17 años, es un reflejo de lo que se encuentra en muchos casos una mujer que quiere denunciar malos tratos. La madrugada del 7 de abril de este año, fue agredida por su pareja por romper una relación de tres años en los que hubo malos tratos desde el principio.

Ana fue a la comisaría de la Policía Nacional de León para denunciarlo. Allí le dijeron que estaban muy ocupados y que fuera a la Policía Municipal. Entonces, los agentes le dijeron que pidiera un parte de lesiones en un centro de salud. Cuando regresó con él, los municipales la enviaron a la Policía Nacional, quienes le dijeron que volviese al día siguiente para presentar una denuncia en el Servicio de Atención a la Familia (SAF).

Ana acudió al SAF para presentar la denuncia, pero cuando intentó localizar al letrado de guardia del turno de oficio no dio con él. Ana tuvo que declarar en el juicio sin asistencia letrada. Su caso es una muestra de la escasa formación que tienen los agentes, una situación que se repite entre los profesionales sanitarios, pese a que, según AI, la formación de los implicados debería ser un aspecto "básico" y obligatorio de la ley.

Dificultades para acceder a la "asistencia social" 

Amnistía denuncia también las dificultades que se encuentran las mujeres para acceder a la "asistencia social", ya que en la mayoría de las autonomías exigen una orden de protección como requisito para tener la condición de víctima.

Amnistía advierte además de que la situación de las inmigrantes es "doblemente discriminatoria", porque las que no tienen permiso de residencia pueden ser expulsadas del país como ordena la Ley de Extranjería, aunque esta obligación no se cumple en el País Vasco gracias a la normativa autonómica de violencia de género.

Precisamente, las diferencias en la aplicación de la Ley Integral entre comunidades autónomas es otra de las quejas de esta ONG, porque "el traspaso de competencias no debería ser motivo suficiente para que el Gobierno central eluda su responsabilidad", denuncia la autora del informe, María Naredo.

Los casos sobreseídos crecen un 180%

Respecto a los juzgados especializados, "que eran la medida estrella de la ley", recuerda, "es muy desalentador" ver que no persiguen los delitos ni investigan de oficio, como muestra el hecho de que el número de casos sobreseídos en estos juzgados ha crecido el 180% entre 2005 y 2007.

Por último, AI advierte de que es "alarmante" e "incomprensible" que en tres años de aplicación de la ley no haya ni un sólo caso en el que los profesionales implicados que han fallado en su labor hayan rendido cuentas, como en el caso del juzgado de Alovera (Guadalajara).