El poder Judicial no admitirá injerencias en su trabajo. Y el CGPJ considera que eso exactamente es lo que intentó hacer la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de La Vega cuando aseguró que una sanción de falta leve contra el magistrado Rafel Tirado (el juez que no ejecutó la condena que le impuso al presunto asesino de Mari Luz) "sería intolerable".

Las palabras de De la Vega, dijo Enrique López, "son una clara intromisión en la independecia del poder Jucial y en el trabajo del Consejo". Esa actitud "es perfectamente explicable en el padre de Mari Luz", que ya ha convocado una manifestación antes de que el CGPJ decida, "pero no se puede trasladar a los responsables públicos que tienen que dejar trabajar a los órganos jurisdiccionales con todas las garantías", exigió.

López recordó que el CGPJ abrió a Tirado, titular del juzgado número 1 de Sevilla, un expediente por falta muy grave, que se está tramitando, aún no ha concluido y, por tanto, el CGPJ desconoce. "Cualquier información sobre el sentido de la decisión que tomará finalmente el Consejo es una mera especulación que carece de base"

El portavoz del Consejo aprovechó para pedirle a la vicepresidenta "que se preocupe del expediente que el Ministerio de Justicia ha abierto a la secretaria del juzgado, un asunto que sí es de su competencia".

López insistió en que el órgano de gobierno de los jueces "no cederá en absoluto y se sustraerá a cualquier presión" en la decisión que adopte.