El Gobierno aprobó el 21 de abril el Real Decreto-Ley de abastecimiento del agua del Ebro (el texto completo, en PDF) a Barcelona por las "circunstancias de extraordinaria necesidad" del área metropolitana de Barcelona. En ese momento, los cinco pantanos que abastecen a la ciudad condal acumulaban 122 hectómetros cúbicos de agua y rondaban el nivel técnico de emergencia grave para los recursos hídricos embalsados, fijado en el 20%.
El mismo texto contempla dos supuestos por los que se anularía el trasvase. El primero es que ya no se dé esa "extraordinaria necesidad" en Cataluña. Hoy esas cinco presas -Sau, Susqueda, La Baells, La Llosa del Cavall y Sant Ponç- rebasan los 210 hectómetros cúbicos (al 34,4% de su capacidad, según la Agencia Catalana del Agua) y Aragón cree que la extrema sequía ya no se da y que por tanto el decreto es inaplicable. El Gobierno mantiene el trasvase. ¿Cuándo se darían las condiciones para cancelarlo?
Ha llovido más de lo que iba a aportar el Ebro
En la última semana de marzo, la Generalitat y el Ayuntamiento barcelonés urgieron al Gobierno a que construyeran un trasvaseque enviara a la ciudad condal 33 hectómetros cúbicos al mes. Según ellos, esto sería imprescindible al menos hasta que entre en servicio la desalinizadora de El Prat de Llobregat, prevista para mayo-junio de 2009, y que proporcionará unos 40 hectómetros cúbicos de agua mensuales, que garantizarían el uso de boca (el abastecimiento para consumo doméstico necesario).
Pero a mediados del mes de abril, los cinco pantanos que abastecen Barcelona superaron los 165 hectómetros cúbicos y el Gobierno de Aragón no ha tardado en advertir al Ministerio de Medio Ambiente que el decreto que autoriza el trasvase ha perdido su vigencia. Con esa cantidad de agua embalsada, la propia Generalitat de Cataluña había levantado la situación de emergencia 2 (el texto de la modificación, en PDF).
El Ejecutivo aragonés del socialista Marcelino Iglesias interpuso entonces un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que el artículo 3 del decreto del trasvase atacaba directamente el Estatuto de Autonomía de la comunidad maña. Según fuentes de la Diputación General de Aragón, ese punto avala el "mercadeo de los derechos del agua" por parte de los regantes.
Las mismas fuentes explican que, además de ese recurso, interpondrán otro contencioso-administrativo el día que comiencen las obras de la tubería de 70 kilómetros que reconducirá agua del Ebro desde Tarragona hasta Olèrdola (Barcelona). Insistirán en ese nuevo texto en que "ya no hay situación de excepcionalidad" y recordarán que esa pérdida de vigencia está contemplada en el propio decreto-ley del Gobierno de Zapatero.
La puerta a la cancelación
La disposición final tercera de la norma reza, literalmente, que se derogará el trasvase en dos supuestos:
- El primero, en caso de "superación de las circunstancias de extraordinaria necesidad que han motivado la aprobación de este real decreto-ley".
- 2º. El transcurso de treinta días desde la entrada en pleno funcionamiento de la planta desalinizadora del Área Metropolitana de Barcelona.
Pero hecha la ley, hecha la trampa. Porque... ¿quién fija la superación de las circunstancias de necesidad? Y, sobre todo, ¿en qué tope se ha fijado el listón para que se considere que Barcelona y su área ya no están en situación de extraordinaria necesidad?
El quién es el Ministerio competente, el de Medio Ambiente, que preguntado ayer por ADN.es ha contestado explícitamente que no tienen "esa cifra. Puede fijarse en función de cómo evolucionen los embalses catalanes. Cuando se tenga esa cifra, se hará pública".
