Los juzgados españoles acarrean casi 270.000 (269.405) sentencias penales pendientes de ejecutar, lo que supone una media de 795 por cada juzgado de lo penal ordinario, según el informe elaborado por el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial.
De las sentencias pendientes, siete de cada diez están en manos de juzgados de lo penal y las tres restantes corresponden a los tribunales especializados en ejecutorias, que representan el 5,9% de ellos.
La carga de trabajo que soportan estos juzgados especializados en ejecutorias "excede ampliamente" el volumen previsto para ellos: De media tienen que resolver 5.735 expedientes, cuando el trabajo adecuado a su capacidad sería de 2.655. El trabajo de los juzgados madrileños de este tipo excede un 21% su capacidad, pero en Barcelona lo sobrepasa un 52,24% en Bilbao un 80%, en Palma un 82,3% y en Valencia prácticamente es el doble (un 99,62%).
Los problemas
No es, según el CGPJ, porque no hayan trabajado. "La actividad resolutoria ha sido elevada", dice el informe. "No obstante, la elevadísima movilidad funcionarial ha determinado que entre un 10 y un 90% de la plantilla de estos juzgados sea interina".Eso más "la falta de experiencia del personal" y "cierta descoordinación" han impedido un óptimo desarrollo de la actividad de estos juzgados.
Además, en los juzgados analizados hay "un único magistrado y un único secretario judicial" lo que según el análisi que ya hizo el servicio de inspección en 2005 es "claramente insuficiente", dado que supone un volumen de entre 150 y 200 ejecutorias por funcionario, lo que "conlleva una carga de trabajo para el magistrado y el secretario judicial a todas luces inabarcable".
El volumen de asuntos pendientes de ejecutar está lejos, admite el Consejo, de lo que podrían considerarse "parámetros normalizados". No obstante y pese a su excesivo volumen, las sentencias pendientes han disminuido desde 2005 en todos los juzgados que han contado con refuerzos desde esa fecha, y ha aumentado en el resto.
Por comunidades
Por comunidades autónomas, la peor situación corresponde a Cataluña, donde hay 56.000 sentencias pendientes de ejecutar, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.000 y Madrid con 37.500.
"Esos datos, inducen a pensar la necesidad de implantar toda una batería de medidas tendentes a obtener la plena normalización de estos Órganos, a fin de adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas".
Soluciones
Además de las medidas de refuerzo concretas para los juzgados analizados, el CGPJ pide al Ministerio de Justicia y a los departamentos correspondientes de las comunidades autónomas con competencias que "cubran estas plazas con personal titular o que se facilite la formaciión necesaria al personal interino que permita el desarrollo de su trabajo con la calidad y garantía exigible para el correcto funcionamiento de la justicia".
También le piden, como hicieron ya hace tres años, que cree y ponga en funionamiento un sistema informático de gestión procesal, del que aún carecen estos juzgados.
