La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha pedido hoy que tenga "acceso limitado" y "cautelas extremas" cualquier autoridad y, concretamente, a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en el uso de información personal de las mujeres que han abortado.

Así lo indicó el presidente de este organismo, Artemi Rallo, que presentó un informe solicitado por el Ministerio de Justicia a raíz de la investigación criminal abierta en algunas clínicas abortistas. La investigación llevó a que el juez enviase citaciones a los domicilios de las afectadas, como suele ocurrir en cualquier proceso.

Ramallo sentenció que los agentes tienen obligación de no revelar o comunicar ante "terceros, sean familiares o no, los datos íntimos de estas mujeres". Sin embargo, en este caso la Agencia no ha encontrado motivos para actuar de oficio, aunque "no descarta" hacerlo en el futuro si se presentan "denuncias concretas".

Pronunciamiento en pocas semanas

La Agencia abrió una investigación para esclarecer hechos vinculados a la clínica Isadora, tras conocer por informaciones publicadas en los medios de comunicación que se encontraron restos de fetos y los historiales clínicos de las afectadas desechados en contenedores de basura.

El organismo se pronunciará "en las próximas semanas" sobre si archiva la causa o abre un expediente sancionador que podría acarrear multas de entre 300.000 y 600.000 euros, ya que divulgar este tipo de datos constituye una infracción "muy grave" según la legislación vigente.

Rallo también aclaró que Justicia sólo se había interesado por "los límites" en la inspección de las administraciones sanitarias, a las que la Agencia exhorta a no acceder a las historias clínicas salvo que sea para evaluar si la asistencia se ha efectuado en "las condiciones médicas adecuadas para la salvaguarda de la vida y la salud de la mujer".

En todo caso, el informe subraya que los datos deberán ser "únicamente los adecuados, pertinentes y no excesivos" para el cumplimiento de esta finalidad.

Datos "sensibles" y "especialmente protegidos"

Si los hechos comprobados por la inspección revisten "carácter de delito", las autoridades sanitarias deberán "inmediatamente remitirse a la jurisdicción competente" y "abstenerse de seguir el procedimiento sancionador" mientras los jueces no dicten sentencia.

Además, recoge que "deberán extremarse las cautelas" en el tratamiento de los datos sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), "habida cuenta de las posibles consecuencias perjudiciales que el conocimiento de los mismos puede revestir en la esfera privada de la paciente".

La AEPD llama la atención sobre la necesidad de aplicar un "régimen especial de protección" sobre hechos confidenciales de salud que, en estos supuestos, conllevan además datos "sensibles" y "especialmente protegidos".

Rallo destacó que la Ley de Protección de Datos establece una lista de casos en los que será posible el tratamiento de la información sobre salud, entre ellos, que el interesado haya prestado su consentimiento expreso para ello o que una norma con rango de ley así lo contemple por razones de interés público.

El director de la Agencia especificó que el acceso para fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o docencia deberá disociarse de los datos de la historia clínica, para asegurar el anonimato como regla general. En la ley se recuerda la necesidad de "reforzar" las garantías en el tratamiento de contenidos sensibles, sobre todo cuando atañe a las medidas de seguridad y al "deber de secreto" del personal que tenga acceso a los ficheros.

El documento de la AEPD, que se ha remitido al departamento que encabeza Mariano Fernández Bermejo, servirá de apoyo en la elaboración del Real Decreto anunciado por el Gobierno para garantizar la absoluta confidencialidad de las mujeres que abortan e, igualmente, para que haya equidad sobre estas prestaciones en el conjunto del Estado.